La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para la creación de un régimen de reparación económica a niños, niñas y adolescentes que sean víctimas colaterales en los casos de femicidios. Se trata del capítulo local de la denominada Ley Brisa que fue presentada en el Congreso Nacional en octubre del año pasado por senadores de todo el arco político y que aún no fue aprobada. A nivel nacional, se calcula que desde 2008 al año pasado unos 1859 niños, niñas y adolescentes perdieron a sus madres a manos de sus padres.

En el ámbito de la Ciudad, se cree que serían entre 60 y 70 chicos. Lamentablemente, no hay datos oficiales ni unidad de criterios sobre las estadísticas que maneja la justicia, la el gobierno de la ciudad y las organizaciones civiles que contabilizan los casos.

El proyecto, presentado conjuntamente con la ONG La Casa del Encuentro, contempla la situación de aquellos menores de 21 años cuyos padres hayan sido procesados o condenados como autor, coautor, instigador o cómplice de delito de homicidio agravado por el vínculo. De la misma manera, la iniciativa alcanzará a los casos en los que la acción penal haya resultado extinta  por la muerte del asesino. Es que el femicida, a veces, suele suicidarse después de haber matado a la madre de sus hijos.

La normativa establece que los beneficiarios recibirán la prestación de parte del Estado de la Ciudad, mensualmente, con un valor equivalente a un salario mínimo, vital y móvil. En los fundamentos, se explica que «la prestación económica no resulta ser un subsidio, una pensión o una ayuda, sino una reparación económica por parte del Estado hasta que cumplan 21 años de edad».

«Se trata de un proyecto que busca beneficiar a jóvenes que sufrieron en carne propia la violencia machista en sus familias y que no le insumirá un gasto significativo al Estado. Con lo cual, es un proyecto que al fisco no le costará mucho, pero sí beneficiará mucho a las personas alcanzadas por la ayuda», aseguró el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor.

Según pudo saber Tiempo, el proyecto cuenta con el aval de todos los bloques e incluso con varios funcionarios del gobierno porteño. De la misma manera, se estaría analizando que el beneficio pueda alcanzar a aquellas víctimas colaterales menores de edad que no necesariamente fueran hijos e hijas del asesino. 

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