El gobierno nacional se encamina con vigor hacia un acuerdo con el Fondo Monetario. Ese nuevo convenio atará a la Argentina por muchos años, por lo menos diez, a una relación en la que los gobiernos que se sucedan deberán relegar parte de su soberanía y capacidad de maniobra en función de los límites que el acuerdo fije. Esta pérdida de capacidad de intervención estatal es de lo más importante en un momento en que se amplió la grieta de ingresos.

En el FMI aseguran que lo que se busca es «estabilizar» la economía. Eso significa reducir el déficit público, tanto de la Nación como de las provincias, y normalizar la política cambiaria. Por más que se diga que el FMI ha cambiado, su mirada sigue siendo de lo más ortodoxa. El acuerdo que firmó Ecuador para no caer en una cesación de pagos lo demuestra.

La estabilización de la economía puede ser el paso previo al crecimiento. Pero también implica la cristalización de la delicada situación social de Argentina, con la posibilidad de que el Estado ajuste sus gastos en función del acuerdo al que arribe con el FMI. El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo ante la conducción de la CGT que el acuerdo no implicará un ajuste fiscal.

Si la expectativa oficial es arribar al equilibrio con un alza de los impuestos, eso también implica un ajuste. La clase empresaria está acostumbrada a trasladar a los precios toda la carga tributaria que soporta. También lo hace cuando le ajustan las clavijas contra la evasión. Hay una salvedad: los impuestos al patrimonio, aunque la experiencia con el aporte solidario indica lo tortuoso que puede ser ese recorrido para el oficialismo.

Además de estabilizar la economía, el acuerdo se realizará sobre una realidad social concreta que, en rigor, no debería ser estabilizada sino alterada sustancialmente.

El oficialismo suele adjudicar el cuadro social al accionar de las dos pandemias: la del gobierno de Mauricio Macri y la de coronavirus. El resultado de ambas fue una profundización de la pobreza a niveles del año 2001 y un traslado de los ingresos brutal por su magnitud y el escaso tiempo en que se ejecutó.

Según los datos del Indec,  entre el segundo trimestre de 2020 y el mismo período de 2021, los asalariados perdieron 10 puntos porcentuales de su participación en la distribución de la riqueza nacional, al pasar del 49,79% al 40%. Medido en plata, son $ 300 mil millones menos en sus bolsillos. Es el valor más bajo de participación de los asalariados en la riqueza nacional desde que el Indec publica este dato, en el primer trimestre de 2017.

Revertir esa caída no se consigue solo con la creación de empleo. Las estadísticas oficiales muestran cómo los asalariados se han empobrecido porque sus ingresos vienen creciendo por debajo de la inflación en los últimos tres años. Implica que los ingresos superen claramente la inflación. Y los ingresos no son solamente los salarios, son también las jubilaciones, las retribuciones de los que trabajan fuera de registro (el 35% de los ocupados) y los beneficios sociales. Si toda esa masa de dinero pierde valor ante los precios, sigue habiendo una transferencia  desde los pobres hacia los ricos.

Kristalina Georgieva dijo que el acuerdo que se firme será para «defender a los argentinos». Sin una política de aumento de ingresos, el acuerdo será en contra de los argentinos. «