El tema siempre generó polémica. El Derecho al Olvido: ¿protección o censura? La actriz y conductora Natalia Denegri reclamó hace tiempo que el buscador Google diera de baja las publicaciones que las relacionaban al «Caso Cóppola» de los ’90, en un combo que incluyó farándula, peleas escandalosas, drogas y corrupción judicial y policial. Un pasado del que ella aduce ser víctima. Tuvo fallos a favor, que sentaban precedentes únicos para el país, donde ese Derecho es inexistente. Hasta que llegó a la Corte. El Tribunal Supremo, por unanimidad, le rechazó el pedido, justificándolo en la libertad de información. En declaraciones radiales, Denegri aseguró: “Estoy luchando contra un gigante y puede pasar cualquier cosa, más en la Argentina”, y anticipó que va a apelar.

El caso tomó notoriedad en medios y opinión pública en los ’90, cuando Guillermo Coppola, representante de Diego Maradona, fue detenido luego de que encontraran droga en un jarrón de su casa. Después se comprobaría que fue un procedimiento armado por el entonces juez federal de Dolores, Hernán Bernasconi, junto a oficiales de la Policía Bonaerense.

Luego Natalia Denegri se fue a vivir a los Estados Unidos, donde hoy reside. E inició una causa para que se la desvincule de las noticias del caso que pueden encontrarse cuando se lo busca en Google. Lo consideró una revictimización y reclamó el Derecho al Olvido.

“Yo era menor de edad, era vulnerable, pasé cosas horribles, no entendía nada de la televisión, de producción, quedaron todos esos videos armados, con extorsiones, con amenazas. Hoy tengo una carrera. Yo no pedí ser famosa. Yo fui famosa por una causa judicial y todos mis sueños se acabaron de la noche a la mañana. Y el tema de los videos me hace mal a mí porque lo primero que aparece al poner mi nombre son esos videos que estigmatizan a la mujer y me siguen re victimizando”, declaró en marzo en las audiencias ante la Corte.

La Cámara Civil había fallado a su favor. “Considero que tales videos, en cuanto exhiben escenas cuya oportuna relevancia estuvo claramente vinculada más con lo grotesco que con lo informativo, carecen de interés periodístico”, sostuvo el juez en primera instancia, Hernán Pagés, que obligó a Google a eliminar ciertos enlaces que la vinculaban con el mediático caso.

Pero ahora, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti lo rechazaron. Consideraron que el caso que la atañe “tuvo un gran interés público en la sociedad con lo cual eliminar dichos contenidos (de los buscadores de internet) afectaría a la libertad de expresión, y privaría a la sociedad de tener acceso a esa información”.

Sostuvieron que el derecho constitucional a la libertad de expresión y a la información incluye “el derecho de transmitir ideas, hechos y opiniones a través de internet y los motores de búsqueda, herramienta que se ha convertido en un gran foro público por las facilidades que brinda para acceder a información y para expresar datos, ideas y opiniones”. Y que debe haber una “máxima restricción” ante planteos de lo que consideran censura previa, y que eso debe estar destinado únicamente a casos excepcionales.

Los jueces de la Corte diferenciaron el caso de Denegri con el de “Costeja” del Tribunal Europeo, porque el del Viejo Continente se basaba en una información privada sobre un particular, mientras que Denegri “es una persona pública que justamente cobró notoriedad en esa época, que se expuso voluntariamente a los programas de televisión que hoy cuestiona y que el ‘Caso Coppola’ tuvo un gran interés público en la sociedad con lo cual eliminar dichos contenidos afectaría a la libertad de expresión, y privaría a la sociedad de tener acceso a esa información”.

Y concluyeron que “por el mero paso del tiempo la noticia o información que formó parte de nuestro debate público pierde ese atributo, pone en serio riesgo la historia como también el ejercicio de la memoria social que se nutre de los diferentes hechos de la cultura».

“La verdad es que estoy muy mal, me volvieron a victimizar. Estoy mal por mí, por mi familia, por mis padres, por mis hijos”, aseguró la actriz y conductora en Radio 10 minutos después de conocerse la decisión de la Justicia. Y agregó: “Yo fui víctima de algo terrible. Yo fui víctima de un juez corrupto, igual que Guillermo Cóppola y un montón de conocidos, quizá por estar en el lugar equivocado. Era menor de edad. Me equivoqué en muchas cosas, como todo el mundo se puede equivocar cuando es joven. Me expuse sin querer a un show mediático innecesario, pero también fuimos presionados y nos manipulaban muchas veces los productores, los policías y todo lo que pasó en esa época que todo el mundo sabe”.

Las voces de especialistas

En marzo, durante las audiencias ante la Corte para debatir el Derecho al Olvido, ya se habían expuesto voces que marcaban prudencia respecto al fallo original. La Defensora del Pueblo de CABA, María Rosa Muiños, pidió que el olvido no se aplique «sobre casos de relevancia histórica, corrupción, otros que involucren al ejercicio de la función pública o situaciones de especialísima trascendencia”.

El fiscal de la Nación, Víctor Abramovich, afirmó en que no hay ningún hecho ilegal en los videos referidos: es información pública. Para el docente de la UBA y la UNQ, e investigador del Conicet, Martín Becerra, si la Corte ratifica el fallo «podría estar sentando un precedente muy peligroso que le abre la puerta a la censura».

Según declaró a Tiempo en ese momento la politóloga y especialista en la temática, Natalia Zuazo, no se puede soslayar lo que significa la memoria en Argentina y en Latinoamérica. “Tiene mucho peso que estemos hablando acá del olvido; por nuestra historia, por la dictadura. Tenemos que ver cómo nos relacionamos con esos discursos, porque fue muy costoso para todos mantener a la memoria en circulación como para pretender ahora lo contrario”, esgrimió la periodista, y se preguntó: “¿Qué deberíamos hacer con lo que no nos gusta? Eso está ahí, no digo que en este caso esta mujer no tenga razón. No lo sé. Pero me parece que tenemos que pensar un poco mejor si esto no va a tener consecuencias que políticamente nos afecte en términos de identidad”.