La justicia puede ser injusta. Es lo que sintió Andrea Lupetti más de una vez. En febrero de 2018 fue condenada a pagarle 600 mil pesos a la defensa de su ex pareja, Alejandro Fisscher, tras haber perdido un juicio por reclamo de alimentos. Luego de algunas malas experiencias con sus propios asesores, la mujer entendió que debía estudiar abogacía para hacer valer sus derechos. Nadie mejor que ella para defenderse del hombre que durante 16 años había eludido hacerse cargo de la manutención de su hijo. Conocía gran parte de sus secretos: como la fortuna que escondía a través de una red de testaferros. Así fue que hace unos días atrás, y una vez recibida, Fisscher fue sentenciado a 2 años y medio de prisión en suspenso por el delito de insolvencia alimentaria fraudulenta: deberá hacer trabajos comunitarios y asistir a talleres sobre crianzas saludables y violencia de género, además de la imposibilidad de acercarse a la víctima a menos de 500 metros.

Tiempo dio a conocer en 2018 el escandaloso fallo de la jueza Martha Gómez Alsina, del juzgado Civil de Familia 76 de la Ciudad de Buenos Aires, quien consideró que el reclamo que Andrea había comenzado unos cuatro años antes, estaba “fuera de los plazos establecidos”. En aquel entonces, la damnificada había dicho a este medio: “Él es muy poderoso, por eso me pasa todo esto. Debe haber tenido 150 propiedades y 320 lotes en el Country El Paraíso de Guernica, aunque nada está a su nombre”.

Andrea, que ya tenía dos hijos de un matrimonio anterior, había comenzado una relación con Fisscher a los 27 años, cuando era su secretaria y aún no había terminado el secundario. Poco después ella quedó embarazada, pero él tenía otros planes y otra familia. “Me separo de Alejandro en el 2001. Contraté un par de abogados porque él no se hacía cargo, pero por diferentes razones nunca obtenía resultados. En el 2003 empiezo a estudiar Derecho con la idea de ser mi propia abogada, ese fue el motivo”, cuenta a Tiempo y enumera las dificultades que fueron surgiendo: «yo tenía tres niños para cuidar, mi mamá se enfermó y en el 2005 tuve que dejar. En 2015 ella muere y le prometí que iba a seguir estudiando”.

En 2014, Andrea y Fisscher protagonizaban un nuevo juicio. “Pero era muy difícil todo por el caudal económico que él tenía y el nivel de corrupción. No había forma de llevarlo a juicio o que la justicia escuche”. Decidida, en 2015 retomó los estudios y tras haber recorrido distintas universidades como la UADE, Siglo 21 y Universidad Kennedy, se recibió finalmente de abogada.

“Estudiar me llevó muchos años, era caro y complicado. Aparte, tenía que manejar los estados de ánimo y las caídas angustiosas que tenía. El sentir que no podía. Cada revés judicial era como irme al subsuelo”, explica Andrea. Y resume: “Lo gracioso era que iba tantas veces al subsuelo que después subía con un envión terrible. Eso me ayudó a poder seguir, y la cuarentena colaboró mucho porque estaba adentro y no hacía mucho más que estudiar”.

En el medio, “haciendo tribunales”, Andrea conoció a otro abogado penalista, Carlos Rossi, quien “sin ningún tipo de interés me capacitó, me enseñó, me dijo los libros que tenía que leer, me guió. Me acompañó en el juicio que si bien me dejó llevarlo adelante, me sentí súper apoyada”. De la misma manera, la mujer destaca la actuación del fiscal Martín Perel y de los integrantes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal.

“Todo esto se logró porque en el juicio marcaba todo lo que sabía: dónde estaba el dinero, las casas, los terrenos, cómo él se manejaba con ARBA; el fraude a la Provincia de Buenos Aires. El country El Paraíso es un paraíso fiscal manejado por personas que saben, contadores, escribanos, médicos. Entre ellos van arreglando el mundo interno de ese country. Hay mansiones declaradas como terrenos baldíos, sin escriturar, que se adquieren por medio de sociedades anónimas o boleto de compra que nunca se escrituran”, denuncia Andrea, y añade que además el hombre «tenía comercios y casas a nombre de otra de sus hijas o de empresas fantasmas, para eludir sus responsabilidades».

El juicio duró cuatro jornadas, que se extendieron desde el 30 de marzo hasta el 19 de abril, por las que desfilaron 12 testigos. La jueza Cristina Lara, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 21, estableció que las maniobras evasivas para esconder el patrimonio y los ingresos son “como una de las formas que adquiere la violencia de género: violencia económica”.

Años atrás, Andrea denunció que en el Fuero Civil había desaparecido el expediente con su caso. Llamativamente, luego se comunicaron con ella otras dos mujeres que habían tenido idéntico problema: “Gracias a las notas que me hicieron, me contactó una chica de 36 años que estaba llevando adelante un juicio filiatorio contra Fisscher y otra mujer cuya hija menor de edad, también de Fisscher, estaba buscando que cumpliera con sus obligaciones. Estas dos causas también habían desaparecido. Qué casualidad…”, desliza Andrea. Ahora le queda un paso más, pero se muestra confiada: que la apelación de Fisscher contra su condena no prospere.