No quedaron dudas. Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya fueron torturados por agentes de la Prefectura Naval Argentina que cumplían funciones en la Villa 21-24, en el barrio de Barracas, hace exactamente dos años. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°9 de Capital Federal condenó a seis prefectos a penas de entre ocho y diez años de prisión por vejar a los jóvenes. Un caso que refuerza la importancia del control popular a las fuerzas de seguridad en las barriadas vulnerables de la periferia.
«Todo eso que los pibes sufrían en los barrios y que era común llamarlo ‘verdugueo’ por parte de las fuerzas de seguridad, es tortura. Nosotros siempre lo supimos y la Justicia nos dio la razón. Es hora de que lo sepan todas las policías.» La frase pertenece a la abogada Gabriela Carpinetti, quien, megáfono en mano, celebraba así el viernes por la tarde el fallo al salir del Palacio de Tribunales por la calle Tucumán, donde cientos de jóvenes de la organización La Poderosa esperaban el veredicto.
«Celebramos que haya una condena en favor del barrio, de la justicia y de la paz. Ojalá que sirva para quienes imparten las órdenes de mano dura, tortura y pena de muerte, que no podrían sacar del Congreso, pero que sí se ejerce en los territorios, donde hay un caso de gatillo fácil cada 23 horas”, explicó a Tiempo Nacho Levy, referente de La Poderosa.
Al igual que Carpinetti, Levy destacó que «este tipo de atropellos ya no serán gratis, no alcanza con el cobijo que puedan darle mediática y políticamente, y tantas veces judicialmente. Esto se llama tortura». Desafió a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a que convoque «una conferencia de prensa para agradecerle a Iván, a Ezequiel y al control popular sobre la fuerza de seguridad que ejercen los vecinos. Ellos hicieron el trabajo que, en el mejor de los casos, la ministra no pudo hacer».
Los jueces Fernando Ramírez, Jorge Gettas y Ana Dieta de Herrero, tras más de cuatro meses de juicio, condenaron a diez años y medio de prisión a los exprefectos Leandro Antúnez, Orlando Benítez y Osvaldo Ertel; mientras que Eduardo Sandoval, Yamil Marsilli y Ramón F. Falcón recibieron penas de ocho años y once meses de cárcel. Todos fueron considerados culpables de los delitos de imposición de torturas, privación ilegítima de la libertad, lesiones leves, robo agravado y calificado por uso de armas de fuego y por haber sido cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad.
Para llegar a este histórico fallo, los vecinos de las zonas más vulnerables tuvieron que ser testigos de varios asesinatos, como el caso de Kevin, de 9 años, quien recibió un balazo en la cabeza mientras permanecía escondido en su casa de Zavaleta. Según se estableció, dos bandas narcos se disputaban a los tiros el territorio liberado previamente por la propia Prefectura.
Dispositivo clave
El control popular de las fuerzas de seguridad resultó clave para esclarecer las torturas que sufrieron Iván y Ezequiel. «Es un dispositivo que empezamos a ejercer en 79 asambleas de La Poderosa desde 2013, tras el asesinato de Kevin. No es una comisaría de civil, ni una policía comunitaria. No le agrega una sola bala al conflicto. Es una comisión de vecinas y vecinos organizados para cuidarse de los que en teoría vienen a cuidarnos», señaló Levy, y precisó: «Es un espacio autárquico que no responde al Ejecutivo que administra a las fuerzas. Se encarga de fiscalizar las irregularidades de los agentes en el territorio en comunicación directa con las fiscalías y los organismos de Derechos Humanos, pero sin pasar por las comisarías, que en muchos casos son las que administran el delito».
«No es una solución de las villas para las villas, también le sirve al Poder Judicial, porque cuando hay un crimen en una villa, en el 99% de los casos el informe judicial es la transcripción del informe policial», analizó el referente de La Poderosa, quien adelantó que los cuerpos técnicos y jurídicos de prácticamente todo el arco opositor están trabajando en la elaboración de un proyecto de ley que contemple implementar este dispositivo. «
