Referentes de la comunidad educativa porteña repudiaron la intervención de la semana pasada a la cooperadora de la Escuela Álvarez Thomas por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. En una conferencia de prensa encabezada por la secretaria General de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Angélica Graciano, se calificó a la maniobra como un acto de amedrentamiento y persecución en contra del establecimiento que mantiene un conflicto con el gobierno porteño hace años; por otra parte, se instó tanto a las autoridades de la Ciudad como de la Nación que deben garantizar el acceso a la educación a todos los estudiantes en el contexto de pandemia.
Primero, Graciano explicó que la Escuela Álvarez Thomas “es un establecimiento muy especial porque un 11 de septiembre de 1973 se fundó allí la CTERA”, en relación a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina que nuclea a la UTE, entre otras entidades gremiales del país vinculadas a la educación.
Después, se mostró un video protagonizado sobre todo por diferentes actores y actrices que tienen un estrecho vínculo con la Escuela N° 4, del distrito 16, del Barrio de Agronomía. Bajo la consigna “No a la intervención de la cooperadora del Alva”, participaron Leonardo Sbaraglia, Cecilia Rossetto, Horacio Roca, María Ibarreta, Martín Salazar y Federico Liss, entre otros, quienes destacaron que la cooperadora que se caracteriza por administrar de manera autogestionada el comedor, una pileta y actividades extracurriculares para los alumnos.
Paula Insaurralde, integrante de la Asociación Cooperadora de la escuela, señaló: “Es escandaloso que la Ciudad de Buenos Aires se atreva a intervenir la cooperadora”, al tiempo que explicó que todo se debe “a que desde 2017 se viene llevando adelante un reclamo, una lucha, en relación al Plan Natación y a su natatorio”.
“Ese año el ministerio de Educación nos comunica que el nivel inicial no iba a tener más natación y que el nivel primario iba a tener una reducción en el tiempo de clases. En realidad se trató de un plan de ajuste en el Plan Natación”, precisó Insaurralde, quien resumió que intentaron dialogar sin suerte con las autoridades, por lo que presentaron un amparo judicial. “La justicia nos dio la razón en varias oportunidades hasta que el fallo quedó firme, pero el gobierno de la Ciudad fue buscando diferentes artilugios para que los chicos no volvieran a las clases”, agregó.
Entonces, “en el 2019, producto de esta persecución y como represalia a los reclamos, el ministerio de Educación envió una Auditoría Interna en donde revisó situaciones de la escuela, no sólo de la gestión de la cooperadora. Encontró muchas cosas, pero la gran mayoría estaban relacionadas con la escuela y las obligaciones del propio Estado, cosas que a veces las cooperadoras terminamos haciendo para remplazar lo que deberían hacer los funcionarios”, describió Insaurralde.
La referente de la cooperadora, entiende que “la respuesta política fue intervenir la cooperadora en base a esa auditoría que tenía más para reprocharle al propio gobierno de la ciudad que a la cooperadora”. Insaurralde argumentó que como “solo hay cuatro cooperadoras en la Ciudad de Buenos Aires que gestionan un comedor escolar” concluyó que la eficiente administración y la calidad de los alimentos “pone en evidencia los negocios que el gobierno de la Ciudad y el Ministerio de Educación tiene con la comida de los chicos”.
Reclamo por conectivdad
Carla Raimondi, de Cooperadoras en Movimiento y de la Multisectorial por la Educación Pública, se dirigió a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, a quien le dijo: “tenemos que buscar acuerdos, pero nunca va a ser poniendo en riesgo la vida de nuestros hijos, porque las mamás tenemos un deber de cuidado y nadie puede ir contra nuestra entraña. Nadie va a sacar a los hijos de nuestros brazos”.
“Le pedimos por favor que entregue los listados. Si no quiere. La acompañaremos e iremos juntas a ver en cada escuela a ver a cuántos chicos le falta la computadora. Le proponemos e invitamos a ir juntas. Usted puede ser parte de la solución y no del problema”, puntualizó Raimondi.
Franco Maldonado, vicepresidente de la Asociación Compromiso Ciudadano para la Justicia Social, que lleva adelante la presentación judicial en contra de la Ciudad y Nación para “garantizar, ejercer y defender los derechos” sostuvo que junto a otras organizaciones en junio presentaron un amparo para que el gobierno porteño “entregara los dispositivos tecnológicos a los estudiantes para que no perdieran la conectividad ni la pedagogía”.
“La medida cayó en el juzgado de Roberto Gallardo, quien nos hizo lugar y dispuso la creación de un registro de estudiantes, pero siempre el gobierno dilata estas cuestiones a través de la justicia. El juez Gallardo fue recusado dos veces y el Tribunal Superior de Justicia lo ha excluido al juez”, esgrimió Maldonado que reconoce que ahora “estamos tirando la pelota un poco más arriba porque el garante de la Educación es el gobierno nacional que se ha comprometido a entregar los dispositivos”.
Por esta razón, la semana pasada se presentó un nuevo amparo colectivo que recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo 12 dirigido contra el gobierno de la Ciudad y el Ministerio de Educación de Nación, para “federalizar el problema” y comprometer a las partes para que se articulen las medidas necesarias para que finalmente los 6000 dispositivos lleguen a los chicos.
