«¿Sabías que inscribiendo a tu hijo o hija de 4 años en uno de los 76 Centros de Primera Infancia de la Ciudad, ya tiene garantizada una vacante para empezar el jardín?», tuiteó esta semana Felipe Miguel, jefe de Gabinete porteño. En el distrito más rico del país, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta promociona los CPI, que dependen de Desarrollo Social y no de Educación, mientras año a año se suman miles de chicos que quedan sin vacantes en los jardines públicos de la Capital Federal. Docentes y padres denuncian que se trata de una «privatización encubierta» para ir remplazando los jardines por estos centros tercerizados que carecen de supervisión pedagógica, con trabajadores precarizados, «y así abandonar la obligación del Estado de garantizar educación».

Según cifras de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), querellante ante el Estado porteño desde 2006 por falta de vacantes, la lista de espera en el nivel inicial creció en estos doce años un 76 por ciento. A pesar de que su constitución establece que en la Ciudad todo aquél que pida una vacante para su hijo/a a partir de los 45 días debe obtenerla, esto no sucede en la práctica. De hecho menos del 40% de los inscriptos en 2019 consiguió su lugar. Casi la mitad de los 25.600 chicos sin vacantes terminó en un CPI.

Muchos de estos centros eran jardines privados antes de pasar a ser Centros de Primera Infancia. Ya en 2016, un informe elaborado por Unicef, Flacso Argentina y Cippec advertía como «aspecto crítico» las condiciones de contratación de los maestros que no son designados por concurso ni están en blanco («no hay relación laboral con el Estado, sino contratación o facturación de servicios a la organización que gestiona el Centro»), el monto de los sueldos («inferior al que se cobra por igual tarea en jardines públicos»), la falta de personal y las salas superpobladas: «Todo esto genera una alta rotación de los docentes. Son cuestiones de gran relevancia si se piensa en una estrategia orientada a aumentar la cobertura de los CPI».

El dato de la falta de vacantes es la punta de un iceberg  que viene formándose hace años: primero, con la inscripción online, que generó miles de pedidos que nunca obtuvieron respuesta, y sin criterios de asignación. Muchos padres terminan aceptando una escuela propuesta por el engorroso sistema, ubicada a kilómetros de su domicilio. Este año, los listados de asignación se publicarán el 25 de noviembre. Pero también, a medida que se acrecienta la crisis socioeconómica más familias acuden a la educación pública. Sin embargo, las obras de infraestructura escolar para darle lugar a los nuevos pedidos no acompañaron ese proceso. En los primeros ocho años de gobierno, el macrismo no construyó nuevas escuelas. Y en la actual gestión, los pocos establecimientos finalizados sufren inundaciones y caídas de techos impropias de sitios terminados hace menos de un año, como el Polo Mugica y el Yrurtia. Ambos demandaron 60 millones de dólares.

Al iniciar la primera gestión de Macri como jefe de gobierno, los Centros de Primera Infancia eran poco más de 20. Doce años después son casi 80. “Han proliferado especialmente en los dos últimos años y funcionan sin ningún tipo de control ni centralización, mientras no han construido ni una sola escuela infantil nueva. Muy por el contrario, las cierran, como pretenden hacer ahora con la del Hospital Ramos Mejía. En otros casos, las dejan caer a pedazos”, afirma Patricia Pines, del colectivo Vacantes para tod@s en las escuelas públicas, compuesto mayoritariamente por mujeres, que son las más damnificadas por la falta de vacante del hijo o la hija. Completa Pines: «Esta política de reemplazo de escuelas por guarderías sin control pedagógico conspira contra la Educación Sexual Integral ya que la gestión de la iglesia católica y evangélica de muchos de estos centros impide su aplicación y, en cambio, refuerza el lugar subalterno de la mujer mediante ‘capacitaciones’ a las familias instrumentadas por fundaciones, entre las que se encuentra Conín, dirigida por el oscurantista Abel Albino».

“Los CPI no sólo son un engaño a las familias sino también una vulneración de los derechos de la primera infancia”, apunta María José Gutiérrez, secretaria de Educación Inicial de UTE. Y habla de una idea del gobierno de profundizar los sistemas de tercerización y privatización de la educación: «Lo que está detrás de ofrecer los CPI no es solamente un problema de abaratar costos si no también incorporar a las familias en un sistema de libre elección donde los planteos educativos a cargo del Estado se desplaza a manos de privados que ofrecen esto en el mercado como cualquier otra mercancía».  «

Peligro de cierre de los lactarios en los hospitales

Mientras el gobierno de la Ciudad promociona los Centros de Primera Infancia (CPI), los jardines públicos ven disminuidas sus vacantes, especialmente los lactarios. Se trata de los establecimientos de nivel inicial que funcionan en hospitales. En los casos del Ramos Mejía y del Garrahan sus comunidades educativos denunciaron intentos de cierre por falta de apertura de nuevas inscripciones. En el caso de la Escuela Infantil 6 DE 6 que funcionó más de 30 años en el Ramos Mejía, en Balvanera, el alerta llegó a raíz de la ausencia del jardín entre las opciones para anotarse. El Ejecutivo terminó ofreciendo que ocupen lugares de la futura escuela de la Manzana 66, en Belgrano y Jujuy, aunque aún no hay certezas de cumplimiento. Las trabajadoras denuncian además que la distancia de cinco cuadras les impide amamantar al niño o niña.

En el maternal del Garrahan, advirtieron que el macrismo dejó sin vacantes a 24 bebés de madres que volvían de sus licencias por embarazo. La Asociación de Profesionales aseveró que «en 30 años nunca pasó algo así».