Buenos Aires es una de las ciudades con más policías en el mundo, pero eso no significa que sea de las más seguras. La cantidad de agentes de la Policía de la Ciudad en la calle por lo menos duplica el estándar recomendado por los organismos internacionales. Esta estrategia deja en evidencia las prioridades del macrismo para su terruño político por excelencia, donde faltan docentes y médicos, pero hay un Estado policial que avanza sobre otras necesidades y derechos.
En enero de 2017, el presidente Macri conquistó el sueño que no pudo arrebatarle al kirchernismo siendo jefe de Gobierno: a través de una serie de decretos y resoluciones fue creada la Policía de la Ciudad que fusionó a la Metropolitana y parte de la Federal. Fuentes de la Secretaría de Seguridad porteña confirman que desde aquel día hasta hoy, la flamante fuerza ya suma unos 18.500 efectivos en la calle. Si el distrito tiene tres millones de habitantes, la tasa da un promedio de unos 617 agentes cada 100 mil habitantes: el doble de los 300 que recomienda la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Los voceros advirtieron que hay que considerar que durante el día ingresan a la ciudad otros tres millones de personas y que los policías trabajan en tres turnos de ocho horas. Del otro lado de la ecuación, tampoco se cuentan los efectivos de la Policía de la Ciudad que no salen a la vía pública, que completan un total de 25 mil efectivos, ni la considerable presencia de fuerzas federales que operan en el territorio.
Entonces, si las calles están atestadas de policías, ¿por qué la gente no se percibe más segura? ¿Qué función cumple tanta presencia policial? ¿La tasa de criminalidad lo amerita?
«Desde hace mucho tiempo, la Argentina tiene una de las tasas de homicidios más bajas de Latinoamérica: siete cada 100 mil habitantes. Es una referencia para medir el grado de violencia que tiene una sociedad», señala Germán Montenegro, especialista en seguridad e investigador de la UMET y de la UNQui, quien analiza que «esta elevada cantidad de agentes responde a una estrategia que ha atravesado a toda la política tradicional argentina, que siempre intentó resolver los problemas de inseguridad inflando la estructura policial».
Para el exjefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, esta tendencia siempre fue acompañada del aporte de mayores recursos para patrulleros, armamento y equipamientos. En febrero de 2017, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta licitó por 127 millones de pesos la compra de kits completos antidisturbios, lo que terminó de convertir a su Policía en una verdadera milicia antiprotesta.
«El poder ha sido endeble para conducir políticamente a las fuerzas, por eso siempre necesitó demostrar que hace algo poniendo más policías en la calle, cuando esto resulta excesivo para la cantidad de delitos que tenemos», admite el exfuncionario kirchnerista, y pone de relieve los riesgos que esto conlleva: «Inexorablemente esto desemboca en mayor control de las barriadas populares, donde suelen registrarse más casos de gatillo fácil, abusos y detenciones arbitrarias».
Días atrás, el exsecretario de Coordinación del Ministerio de Seguridad, el abogado Gustavo Palmieri, explicaba a Tiempo que se ha profundizado el hostigamiento policial en los sectores populares y que su efecto más visible es que comisarías y cárceles están atestadas de sospechosos de cometer delitos menores.
«En los últimos años –argumenta Montenegro– hubo una bajada de línea a las fuerzas de seguridad basada en la idea de mayor control social que, sumada a la poca inteligencia en desarrollar estrategias efectivas, generó intervenciones excesivas en la vía pública».
Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), en 2017 y 2018 la Policía de la Ciudad multiplicó en sus intervenciones la cantidad de muertes que generaba su antecesora, la Metropolitana. En 26 meses, registró 43 asesinatos; mientras en ocho años, la Metropolitana (con muchos menos efectivos, es cierto) tuvo 22 casos.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) sostienen que en el primer semestre de 2019, la Policía de la Ciudad registra el 15% de las 56 muertes acaecidas en el Área Metropolitana en manos de todas las fuerzas de seguridad.
Tanto la Correpi como el Cels concluyen que hay cierta planificación desde el poder político para que las fuerzas se autogobiernen y regulen el delito callejero. Todo esto sería posible gracias a una escasa formación policial y la nula conducción. Al respecto, desde la Secretaría de Seguridad porteña aducen que desde julio de este año, el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) incrementó de nueve meses a 22 la cursada de los cadetes, con lo cual se duplicaron las horas de clase, gran parte orientadas a la capacitación práctica en ejercicios de simulación de situaciones reales.
Las fuentes destacan que los cadetes egresarán con el título de técnico superior en Seguridad Pública–oficial de Policía, reconocido por el Ministerio de Educación. Luego, a través del Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad (IUSE), pueden alcanzar el título de grado que permite acceder al Cuadro de Oficiales de Dirección. Los ascensos ya no serán automáticos: los policías deberán someterse a evaluaciones (psicológicas, de aptitud física, de aptitud en tiro, etc.) en el ISSP, en la UADE y en la UCA. Anticuerpos para el gatillo fácil que no prosperarán mientras siga en boga el discurso político de la mano dura. «
Patada y encubrimiento
El policía Esteban Ramírez y sus compañeros destacados en la Comuna 3 están siendo investigados por el posible encubrimiento de la muerte de Jorge Martín Gómez, de 41 años, quien fue asesinado el 20 de agosto de una brutal patada que le propinó el agente de la Policía de la Ciudad, en San Cristóbal. Según se desprende de los primeros contactos telefónicos con la fiscalía y el juzgado de turno, los efectivos simularon haber encontrado sin vida a Gómez en la vía pública. Finalmente, los policías debieron reconocer las circunstancias de la muerte ante las insistentes preguntas de los funcionarios judiciales. Las imágenes de una cámara de seguridad revelaron todo. A pesar de entorpecer la investigación, Ramírez estuvo apenas dos días detenido. Esta semana, la jueza Yamine Berman resolvió mantenerlo procesado por «homicidio preterintencional», sin prisión preventiva.
