Mientras el país atraviesa un proceso inflacionario producto de la especulación empresarial y la falta de controles gubernamentales, la Ciudad de Buenos Aires arremete con gastos suntuosos en diferentes sectores. Consumos que se reflejan tanto en el Boletín Oficial, la página del Gobierno de la Ciudad y la sección de “Compras” del ejecutivo porteño, donde a diario se anuncian decenas de licitaciones públicas, entre compras mayores, menores y directas. Son las que solventan a toda la maquinaria gubernamental de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
En los últimos años, la estrategia del gobierno porteño fue demorar la publicación de “licitaciones controvertidas” que encierran grandes gastos de dinero. En teoría, esta demora evita que puedan ser objetadas en tiempo y forma, ya que cuentan con tres días hábiles para poder ser impugnadas luego de su publicación. Como es costumbre, ante la mínima sospecha la oposición en la legislatura porteña presenta un pedido de informes para conocer el destino real de esos gastos. Pero lamentablemente, al cabo de los 30 días hábiles de haberse aprobado en la Legislatura, el Gobierno de la Ciudad casi nunca da respuesta a esos documentos.
En las últimas horas se publicó otra licitación millonaria que seguramente traerá consigo una cadena de reclamos por parte de la oposición porteña. La Licitación Pública N° 623-1535-LPU21 fue difundida durante este jueves en el Boletín Oficial (BO), sin profundizar en detalles de los eventos asignados, aunque todas las empresas se especializan en la producción integral de servicios de publicidad, eventos y seguridad privada. El documento asegura que dicha contratación tiene por objeto el “servicio de alquiler de elementos destinados al interés público, recreativo y cultural, para uso de las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Según lo difundido en el BO, la administración de Horacio Rodríguez Larreta preadjudicó una licitación pública por un total de $ 1.273.456.948, cifra que se repartirán entre 38 empresas que participaron del proceso. Fuentes cercanas a la jefatura de gabinete porteña aseguran que las empresas se especializan en la organización de diferentes eventos teatrales, audiovisuales y musicales. Y la gran mayoría en la confección y desarrollo de papelería, banners y publicidad; y la manufactura de uniformes publicitarios.
JAL Entertainment S.R.L. fue la firma que consiguió el contrato más voluminoso por un total de $241.282.200. Tendrá en su poder la realización y producción de espectáculos, alquiler de maquinarias y equipos, y servicios publicitarios, entre otros servicios. Otra de las empresas que recibirá una suma millonaria es Blueteam S.A. que también se especializa en la producción de shows teatrales y musicales. Blueteam recibirá $ 68.778.150. Por su parte, MCM SECURITY SRL, recibirá un total de $10.406.208 de pesos por su servicio de seguridad privada, especializados en Seguridad Física, Electrónica y Custodia.
Las sociedades anónimas que salieron favorecidas de esta licitación son variopintas. Algunas cuentan con años de experiencia en el sector y otras fueron gestadas en los últimos años. La Secretaría de Medios, dependiente del Área del Jefe de Gobierno, fue la que realizó la evaluación técnica de las ofertas presentadas en base a los pliegos correspondientes y las circulares emitidas bajo la órbita del presente proceso. “Del mismo modo”, asegura el documento publicado en el BO, “se efectuaron las evaluaciones correspondientes a los requisitos de Sustentabilidad, las cuales se han plasmado en el informe IF-2022-21157739-GCABA- DGCYC”.
El documento especifica que el “monto total preadjudicado: pesos mil doscientos setenta y tres millones cuatrocientos cincuenta y seis mil novecientos cuarenta y ocho con 45/100 $ 1.273.456.948,45. (…) será publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de UN (1) día, con fecha 22 de julio del 2.022 como así también en el Portal Buenos Aires Compras y en la página web del Gobierno de la Ciudad, a partir de entonces. Período de impugnación: tres días hábiles a partir del primer día hábil siguiente a su publicación”.
