Tras conocerse la noticia de que el gobierno porteño realizó 25 denuncias penales a 366 padres y madres de chicos que tomaron escuelas, desde diferentes sectores vinculados a derechos humanos aseguran que, si bien el hostigamiento y la persecución ideológica en la Ciudad no para; especialistas en la materia, aseguran que estas denuncias no tienen ningún asidero legal. Desde el ejecutivo porteño dijeron que “cuando comenzaron las tomas en las escuelas, la Ciudad decidió denunciar penalmente a los adultos responsables de los estudiantes que hubieran participado de las mismas, en tal sentido la Procuración General de la Ciudad ya realizó 25 denuncias penales a 366 adultos responsables”.

Tiempo dialogó con dos organismos reconocidos en la defensa de los derechos humanos y  garantías civiles: La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Estas denuncias no tienen nada de técnico, ni jurídico, ni lógica. Por algo en ningún caso hubo movimiento alguno de la fiscalía excepto para notificar que se hizo la denuncia”, explica María del Carmen Verdú, titular de la Correpi. La abogada especialista en derecho civil (daños y perjuicios) y penal, asegura que esas denuncias “son una muestra más del patoterismo represivo del gobierno de Rodríguez Larreta, en un intento por amedrentar a las familias y estudiantes en lugar de dar respuesta a sus muy justos y urgentes reclamos”, y dejó en claro que, ninguna de estas denuncias “tienen fundamento jurídico ni técnico alguno, como tampoco lo tienen los reclamos patrimoniales por cartas documento que alternaron con las denuncias contravencionales”.

Verdú se refiere a las 21 denuncias por daños y perjuicios por los días de clase perdidos, por un monto que asciende a $50.538.442,85. “Nosotros tenemos copia de más de media docena de notificaciones. En algunos casos asumimos la defensa, en otros las familias lo hicieron a través de otras organizaciones o del defensor oficial. Pero quiero dejar algo en claro: Esto es una pantomima represora de puro patotero”, agrega.

Para llevar adelante las denuncias contra madres y padres, la cartera educativa que conduce Soledad Acuña, se basa en el artículo 58 del Código Contravencional de la Ciudad, que habla de “ingresar o permanecer en un lugar público o privado contra la voluntad del titular del derecho de admisión”. Desde la Correpi advierten que desde el ejecutivo porteño parece que hicieron algún tipo de selección a la hora de enviar las denuncias, porque quienes recibieron la notificación de la denuncia contravencional, no recibieron la carta documento; y quiénes recibieron la carta documento, no recibieron la denuncia contravencional. “La primera tanda, entiendo yo, por las fechas en que nos fueron avisando madres y padres, el gobierno porteño intentó con la causa contravencional. Cuando vieron que no iba ni para atrás ni para delante, intentaron con otro bloque de madres y padres de otros colegios con las cartas documento, para asustar por el lado del bolsillo”, explica Verdú y concluye: “Las familias respondieron las cartas documento, en algunos casos con el texto que elaboramos nosotros en otros casos con textos que elaboraron otras organizaciones como el CELS, y tampoco hubo más noticias por ese lado”.

De acuerdo a la lista elaborada por el ministerio de Educación porteño, sobre finales de septiembre y los primeros días de octubre, más de una veintena de colegios porteños fueron tomados por sus estudiantes. Comenzó con las tomas el histórico Mariano Acosta, continuó el Lengüitas; horas más tarde el colegio Mariano Moreno, el Esnaola, la Osvaldo Pugliese, la Agustín Tosco y la Claudia Falcone. Al otro día hicieron lo propio, los centros de estudiantes de la escuela García Lorca, el Liceo 5, la escuela de Cerámica N° 1 de Almagro, el colegio Rodolfo Walsh, la Julio Argentino Roca y el Nicolás Avellaneda. Por último las escuelas artísticas: la de Danzas N° 1, la de Teatro, y el Yrurtia; entre otros establecimientos educativos.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advierten que la decisión del gobierno de la ciudad, es un paso más en su estrategia de criminalizar los reclamos, “porque éste es un formato de protesta que hace décadas viene siendo utilizado y que forma parte de las tradiciones de lucha del movimiento estudiantil, y ahora de pronto, desde hace tres o cuatro años, se los quiere presentar como si fueran delitos de usurpación”, destaca en diálogo con Tiempo, Manuel Tufró, director de justicia y seguridad democrática del CELS. Para el especialista, está claro que “lo que hay es una intención disciplinante que busca transformar en delito lo que es una forma arraigada de protesta estudiantil (…) No se puede desconocer que, además, el gobierno de la ciudad no da respuesta a las demandas de los chicos y chicas, lo único que hace es negarse sistemáticamente a discutir los problemas de fondo. Se ha negado a discutir proyectos de ley que han sido presentados en la legislatura, por ejemplo, para mejorar la alimentación de los chicos en las escuelas”, aclara el abogado. “Claramente hay un problema muy grave que la Ciudad lleva la discusión política al terreno penal, y la disidencia o el no estar de acuerdo al terreno de lo delictivo y contravencional”, termina.