Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se reunió con los trabajadores de Tiempo Argentino para interiorizarse de su situación tras el ataque sufrido el último 4 de julio. El especialista que estuvo apenas 48 horas de visita en el país quiso saber cómo seguía la situación de los periodistas tras el pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que el organismo internacional solicite información al Estado argentino por su accionar desde la fecha. La CIDH dará curso al pedido realizado.
La reunión se produjo en las oficinas del CELS y participaron Malena Winer y Javier Borelli, tesorera y presidente de la cooperativa que edita el diario, junto a Gustavo Cirelli, director de Tiempo Argentino. También estuvieron Diego Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal del CELS, y Damián Loreti, especialista en Derecho a la Comunicación y secretario de la Comisión Directiva del organismo. Lanza demostró su conocimiento de los hechos y se preocupó por saber cuáles habían sido las acciones del Estado y la justicia tras lo ocurrido.
Luego de que en la madrugada del 4 de julio una patota liderada por Mariano Martinez Rojas, quien se presentaba como dueño de las sociedades que editaban Tiempo Argentino y Radio América, irrumpiera en el inmueble de la calle Amenabar echando por la fuerza a los trabajadores y rompiendo sus herramientas de trabajo y comunicación, comenzó una causa judicial que hoy radica en el Juzgado Federal número 3 a cargo de Daniel Rafecas. La causa investiga el plan criminal contra la libertad de expresión y el derecho a la información y hasta el momento tiene como imputados solamente a Martinez Rojas y otros 14 integrantes de su grupo de tareas. El ataque también dio origen a una denuncia realizada por el Fiscal General de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN), Miguel Palazzani, contra los oficiales de la Policía Federal por su accionar.
Al margen de los delitos cometidos por la patota de Martinez Rojas y la presunta complicidad policial que investiga la justicia local, el CELS destacó que los hechos ocurrieron ante la casi completa ausencia del Estado nacional y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tal como señala un comunicado del organismo emitido el 6 de septiembre. Por eso solicitaron a la CIDH que desarrolle un proceso activo de monitoreo de la situación del diario Tiempo Argentino para resguardar el derecho a la libertad de expresión en nuestro país.
