No es tierno, no es simpático, no es amoroso. La denominación «niñas madre» se utiliza hace muchísimos años naturalizando una enorme cantidad de comportamientos fuera de lugar. Esa contradicción es una perversa construcción semántica que durante siglos quiso «normalizar» el embarazo de chicas que ni siquiera llegaron a cumplir 15 años. Una naturalización que esconde muchas y diversas problemáticas de las que el Estado tiene que ocuparse con urgencia.

Según consigna un documento publicado a través del anuario de la Secretaría de Salud, durante 2017 nacieron vivos 777.012 niños, de ese total, el 15% fue de adolescentes menores de 20 años, es decir,  que se registran 116.952 nacimientos de adolescentes, madres entre 15 y 19, y alrededor de 3000 niñas menores de 15 años. Estos embarazos se consideran embarazos no intencionales.

Si bien el pico más alto lo tiene la provincia de Formosa, uno de los datos más preocupantes se dio en la provincia de Buenos Aires, donde hubo un importante incremento de nacidos vivos en madres de 10 a 14 años: pasó de 387 en 2016 a 591 en 2017. Es decir, un aumento de 204 casos.

Las cifras se calculan en base a los niños nacidos vivos, pero considerando que los embarazos de menores se categorizan como de alto riesgo se estima que su número es mayor.

¿Qué significa este aumento? Significa que 7 de cada 10 embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años no son intencionales; 8 de cada 10 de niñas menores de 15 años no sólo no son intencionales sino que en su mayoría son consecuencia de situaciones de abuso sexuales y violación.

Los datos que arroja el informe traducen también que el 30% de chicas que abandonaron el secundario lo hicieron por embarazo o por maternidad. A su vez, el 44% de las mujeres en condiciones de trabajar están inactivas por maternidad.

«La educación sexual integral es el punto más fuerte para avanzar en los casos de embarazos adolescentes», expresa Walter Martello, el Defensor del Pueblo (adjunto) de la provincia de Buenos Aires, quien está a cargo del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del organismo. Según el informe del observatorio, las estadísticas oficiales muestran que el 25% de quienes fueron madres y no finalizaron el Polimodal tienen menos de 20 años en la Provincia, mientras que ese porcentaje se reduce al 5% cuando se analiza a las madres jóvenes que dieron a luz y cuentan con el secundario completo.

«Durante 2018 se realizó una reunión del Consejo Federal de la Educación donde se les propuso a las provincias adoptar un criterio más abarcativo, incluyendo a las escuelas privadas donde había más dificultades para la implementación», afirma Martello. «Se habló hasta de incorporar recursos económicos para este fin. Esperamos ver qué sucederá este año, dado que de esa reunión salieron a su vez encuentros en los consejos provinciales de cada jurisdicción». Según afirma el defensor, se ratificaron las intenciones de implementar educación sexual integral desde lo teórico. Durante 2018, muchos establecimientos privados, amparados en el artículo 5 de la ley, decidieron dictar per se una educación sexual distinta a la de las escuelas públicas. «A nuestro criterio, es una educación escasa y que resulta tardía sobre todo cuando está comprobado que la edad de inicio de embarazos ha descendido en forma notoria», especifica.

La evaluación del Observatorio destaca que «el derecho a la salud reproductiva trata de todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, así como la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y de tener la libertad para decidir si procrear o no. Para mantener su salud sexual y reproductiva, las mujeres, niñas y adolescentes necesitan tener acceso a información veraz y a un método anticonceptivo de su elección que sea seguro y aceptable, y deben estar informadas y empoderadas para autoprotegerse de infecciones de transmisión sexual».

Desde diferentes sectores, durante el año pasado, mientras se debatía en el anexo de Diputados la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, denunciaron el vaciamiento de los programas de salud sexual y reproductiva, que se traducen en menos preservativos y menos anticonceptivos y a su vez menos recursos humanos para capacitar en estas áreas. Desde CICOP, Fernando Corsiglia confirmó que a medida que aumentan los casos de embarazos adolescentes, descendió cada vez más en los últimos tres años el nivel de los programas de salud sexual y reproductiva en los hospitales públicos.

Además de la provincia de Buenos Aires y del Conurbano bonaerense, también se viene evidenciando un aumento de la cantidad de niñas menores de 15 años que dan a luz en otras jurisdicciones: Corrientes, La Rioja, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. En tanto, la provincia de Formosa tiene la tasa más alta con el 1,01%, seguida por Chacho y Misiones con el 0,8%, y Salta con el 0,71%. Como contraparte, los indicadores más bajos se registran en la Ciudad de Buenos Aires (0,06%) y Tierra del Fuego (0,07%). «

En la Ciudad tampoco hay mejoras

El informe de la Dirección Estadística consigna que la Ciudad de Buenos Aires tiene aproximadamente la misma cantidad de embarazos adolescentes que a comienzos de la década del ’90 cuando representaba el 5,5% de los nacidos vivos. Hoy el 6% de ellos corresponde a niñas de CABA. La cifra no incluye los posibles abortos.

En 2017 se creó un Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia. Desde su inicio se registraron 72.791 embarazos adolescentes no intencionales, lo cual representa 41,9 cada mil mujeres de entre 15 y 19 años.

El plan que está todavía en funcionamiento fue elaborado en forma conjunta entre los entonces ministerios de Desarrollo Social, de Salud y de Educación. Implica una cantidad enorme de programas de prevención que en la actualidad no están implementados.

Durante 2018 se otorgó un presupuesto de $ 22 millones que estuvo destinado a la capacitación de 200 mil docentes en diez provincias.