Los integrantes de la Cooperativa Por Más Tiempo, a través de la abogada María del Carmen Verdú, mantuvieron este martes por la mañana una audiencia virtual ante los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi de la Sala I de la Cámara Federal tras el sobreseimiento del comisario Jorge Azzolina, quien estaba a cargo de la comisaría 31 de la Policía Federal cuando el 4 de julio de 2016, una patota atacó el edificio que compartía el diario Tiempo Argentino y Radio América, en el barrio porteño de Colegiales.
La querella mantuvo la postura de que el rol del jefe policial fue clave para que los violentos tuvieran el acceso franqueado aquella noche, cuando echaron por la fuerza a los tres trabajadores que pernoctaban allí, para resguardar los elementos laborales por orden del Ministerio de Trabajo.
Durante su alocución, Verdú sostuvo que está documentado que Azzolina fue quien puso en contacto al falso comprador de Tiempo, Mariano Martínez Rojas, con Juan Carlos Blander, quien contrató al cerrajero y a la patota. Esto ocurrió una semana antes del ataque y, de esta manera, el supuesto empresario se garantizaba actuar con impunidad y con el acompañamiento de la fuerza de seguridad.
La querella insistió con que la irrupción al lugar fue apenas pasada la medianoche con el consentimiento de los efectivos bajo el mando de Azzolina, según se desprende de los testimonios de los trabajadores que fueron echados del diario, del cerrajero y de los propios integrantes de la patota que dieron cuenta que había una pareja de uniformados, que los autorizaron a violar la puerta de ingreso.
Verdú agregó que no se pudo identificar a los agentes que esa noche dieron cobertura a los violentos porque desde la Policía Federal no se proporcionó esa información. Además, se quejó de que el juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó el sobreseimiento de Azzolina basado, entre otras cuestiones, en los dichos de la fiscal Verónica Andrade, quien aseguró haber asumido el caso a partir de las 2 de la madrugada, cerca de una hora y media después del copamiento del edificio.
Si bien Andrade no se presentó en el lugar, porque esa madrugada llovía mucho, aseguró que los uniformados acataron todas sus órdenes desde el momento que ella comenzó a intervenir.
A su turno, la defensa del jefe policial, en cabeza de Ana Laura Palmucci, socia del periodista y letrado Gabriel Iezzi, justificó el sobreseimiento dictado por el juez De Giorgi. Entre otras argumentaciones, puntualizó que esa noche no se demostró que haya habido comunicaciones telefónicas entre la patota y Martínez Rojas con su defendido. También, consintió la versión de la fiscal Andrade, aunque prefirió no explayarse sobre el momento en que los violentos entraron al lugar, con el aval de los policías que estaban bajo el mando de su cliente.
Ahora, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal deberán revocar, o no, el fallo de Martínez de Giorgi. Si avala el sobreseimiento, no quedará ningún policía de la Federal, hoy bajo el paraguas de la Policía de la Ciudad, involucrado en uno de los peores episodios de la democracia.
Lo más sugestivo es que Blander, Martínez Rojas y los 13 integrantes de la patota están procesados por los delitos de usurpación, daño, interrupción de la comunicación y robo. Las pruebas para llegar a estas imputaciones, acreditadas por la misma justicia, dan cuenta que la policía acompañó el accionar de los violentos en todo momento.
