Una de las actividades de subsistencia más extendidas entre los pobres e indigentes de la Argentina, el reciclado de la basura, está en peligro. Desde la principal organización que nuclea a los trabajadores del sector, la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), denunciaron públicamente un exponencial aumento en las importaciones de residuos y la consiguiente pérdida de millones de dólares que bien podrían invertirse en una política integral que resuelva de una vez por todas la problemática.
La FACCyR presentó hace dos semanas ante los ministerios de Desarrollo Productivo y Ambiente de la Nación sendos pedidos de informes para conocer con precisión cuántas divisas se gastaron “para traer la basura que ningún país del mundo quiere recibir”. A través de un comunicado, indicaron: “Exigimos respuestas sobre quiénes importaron; si quienes lo hicieron recibieron subsidios del estado (ATP); cuántos dólares se fugaron; y, por último, cuál fue el procedimiento de control sobre el material que ingresó”.
Las autoridades aún no respondieron y acaso no lo hagan, pero desde la FACCyR hicieron un relevamiento artesanal con números oficiales del Indec y los resultados son preocupantes.
“De acuerdo a la información disponible, sólo durante el mes de septiembre se importaron 11.115 toneladas de cartón, cifra que es récord mensual”, indica a Tiempo Alejandro Valiente, referente de la Federación, que integra la UTEP.
“Si siguen habilitando las importaciones a este ritmo nos va afectar en lo económico, porque van a planchar a un dólar oficial los precios de lo que los cartoneros venden, además del posible impacto ambiental”, sostiene el dirigente especializado en gestión de residuos, y agrega: “Sin incluir el flete, ni las tasas, y sólo teniendo en cuenta el cartón, se habrían gastado cerca de 17.600.000 de dólares”.
De enero a septiembre se importaron unas 50.120 toneladas de cartón, siendo que en igual período del año pasado fueron 57.485 toneladas sin pandemia de por medio. De ahí la preocupación. Tiempo quiso conocer la opinión de Ambiente y Desarrollo Productivo y desde los ministerios prefirieron no opinar.
Evolución histórica y Macri
En 1992, durante el menemismo, se intentó traer residuos peligrosos y radioactivos como parte de un gran negociado. El escándalo fue tal, que dos años después, en la reforma de la Constitución se dejó asentado de manera explícita su prohibición. Sin embargo, hay industrias que necesitan ciertos insumos de la basura para su producción, como rezagos de chatarra, cartón, papel, plástico o vidrio, por lo que desde mediados de la década del ’90 hasta fines de 2019, el ingreso de estos desechos se realizó bajo una autorización especial de las autoridades de Ambiente, que además de solicitar los requisitos formales de cualquier importación, sumaba un certificado de inocuidad de origen.
Días antes de dejar el poder, en noviembre de 2019, Mauricio Macri firmó una resolución de manera conjunta con la entonces Secretaría de Ambiente y el Ministerio de Producción para reglamentar el Decreto 591 de agosto de aquel año, en que convertía a Producción en la autoridad de control, haciendo mucho más laxos y flexibles los trámites para este tipo de importaciones. “Si bien se especificaba que el material debía ser utilizado como insumo para un proceso productivo, la norma era tan ambigua que se dejaba abierta la posibilidad de importar basura para incinerarla acá”, describe Valiente.
Decreto 591: marcha atrás
Tras el rechazo de la entonces oposición política y de organizaciones ambientales, en febrero el presidente Alberto Fernández derogó la disposición de Macri y, a través del Decreto 148/2020, estipuló que en un plazo de 180 días se dictara una nueva normativa que “promueva una gestión integral de los residuos en el marco de una economía circular, cuya propuesta surgirá del trabajo conjunto entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Desarrollo Productivo”. Mientras tanto, rige la reglamentación de mediados de los ’90.
“Ambiente tomó el tema con mucha fuerza y lanzó una mesa técnica de economía circular donde sentó a las empresas que quieren importar y a las organizaciones de cartoneros”, recuerda Valiente, y expresa su queja: “Tuvimos un montón de reuniones por cada corriente de residuos –cartón, papel, plástico, etc- donde se estudió el tema, pero se venció el plazo y no hubo hasta el momento una propuesta para la nueva reglamentación”.
Desde la FACCyR entienden que en medio de la pandemia las cámaras empresarias, sobre todo las vinculadas al papel de celulosa, ejercieron presión para que se abriera este tipo de importaciones. “Pero se habilitó tanto que este año puede llegar a superar las importaciones de 2019, que ya había sido récord”, insiste Valiente, y analiza: “Estamos ante la paradoja de un gobierno que derogó el decreto de Macri pero permitió importaciones similares de basura durante su primer año de gestión”.
La propuesta
Tanto las organizaciones que defienden el ambiente como la FACCyR pretenden que se aplique un plan serio para que en unos cinco años se prescinda de la necesidad de importar basura, porque la demanda va a estar cubierta por los actores locales. Para ello se propone la separación en origen de residuos e incluso no descartan poder extraer de los propios rellenos sanitarios o basurales las materias primas para reciclar.
De la misma manera, se plantea la realización de un registro de cartoneros, que hoy se calculan en más de 150.000, para mejorar sus condiciones de trabajo, aportarles maquinarias y garantizarles el traslado de grandes distancias. “Hay un montón de cosas que podríamos hacer, pero se necesita que el Estado sea el articulador de esta política”, concluye Valiente.
A china ya no
El problema de la basura es mundial y la Argentina está lejos de resolverlo. A partir del 1 de enero de 2021, por caso, China dejará de recibir residuos sólidos como plástico, piezas de automóviles, papel, textiles, restos de acero y madera del extranjero, en un proceso gradual que comenzó en 2018. Durante décadas el gigante asiático fue el basurero del mundo. Ahora, los países más ricos, que comenzarán a acumular basura, buscan nuevos sitios para colocarla.
En ese marco se entiende el Decreto 891 de Macri, que flexibilizó los controles y las materias provenientes del exterior, con la excusa de la necesidad de ciertos insumos que requieren los procesos productivos.
Si se contempla a China como el espejo de lo que podría ocurrirle a los países que suplanten su rol de destinatario de la basura mundial, el futuro es desalentador. Las empresas que le enviaban basura, sobre todo estadounidenses y europeas, generaban en las ciudades y provincias receptoras condiciones de vida paupérrimas debido a los altos niveles de contaminación del aire, la tierra y el agua, incluso de las napas subterráneas, un daño muchas veces irreversible en el mediano plazo.
Por eso, desde las organizaciones que rechazaron la medida de Macri hacían hincapié en que no había capacidad operativa local para controlar este tipo de basura y que una declaración jurada de las empresas no era suficiente.
Otro peligro, el avance de la incineración
Greenpeace es una de las organizaciones que más se opusieron al Decreto 891 de Macri. “Hay una gran deficiencia en la gestión de los propios desechos que generamos, por lo que recibir más de otros países es ridículo”, señala Laura Vidal, miembro del área de campañas de la ONG, quien no duda que la incineración de residuos en la Ciudad de Buenos Aires pronunciaría esta problemática.
“Se debe implementar un correcto tratamiento de residuos en el país, que incluya separación, recuperación, reciclaje y compostaje y que descarte técnicas nocivas para el ambiente y la salud, como la incineración, que tuvo fallo positivo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, en septiembre, con lo cual tiene luz verde para avanzar”, explica la ambientalista.
“China dejará de recibir residuos desde enero, lo que trasladará la presión de importación de residuos hacia otros países”, sostiene la referente de Greenpeace, y argumenta que “en la Argentina existe una alianza anti-incineración conformada por numerosas organizaciones, de la que somos parte, que está haciendo el seguimiento activo sobre la adaptación a la enmienda del Convenio de Basilea sobre residuos transfronterizos”. Ese convenio fue suscripto por la Argentina y unos 170 países más para que adecuen su regulación de importación de residuos plásticos.
“Es importante que no se abra la posibilidad de recibir volúmenes de residuos que China y otros países ya están rechazando. Y menos que estos residuos alimenten a las plantas de incineración proyectadas y en construcción”, concluye Vidal.
