El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta dio un nuevo paso en su intención de extender el estacionamiento medido al 45% de las calles de la Ciudad, multiplicando el número de parquímetros de los 4000 que actualmente funcionan en el centro porteño y en un puñado de barrios hasta un total de 86.768, favoreciendo de ese modo a las empresas que usufructúan el sistema de acarreo de automóviles mal estacionados.

La adjudicación de la nueva concesión de ese «servicio» había sido frenada por la Justicia. El jueves pasado, los 34 legisladores de Vamos Juntos modificaron el texto de la ley que había aprobado los pliegos de licitación, superando así el escollo que significaban los tres artículos objetados por inconstitucionales.

El texto original preveía entregar predios públicos a los concesionarios para que los usaran como playas de acarreo, en una clara afectación del dominio público que requería dos tercios de los votos de los legisladores y no una mayoría simple, como se votó. La catalogación de esos predios como Urbanización Parque sumaba otro problema, puesto que la rezonificación exigía el proceso de doble lectura y audiencia pública, que el larretismo obvió.

Todos esos obstáculos decidió remover el oficialismo en pos de lograr extender el estacionamiento medido a casi la mitad de la ciudad, una iniciativa que preocupa a vecinos de todos los barrios. Lo hizo incorporando nuevos artículos que explicitan que los 11 predios descriptos «no forman parte de la concesión» y que su afectación «es instrumental a la eficiente prestación del servicio», pero sin constituir «derecho, privilegio o usufructo alguno» a favor de las empresas. La jugarreta incluyó una nueva prórroga de la escandalosa concesión de las grúas, vencida desde 2001.

En breve, entonces, los diputados oficialistas y sus aliados ratificarán en segunda lectura estos cambios, allanando el camino para inundar los barrios de parquímetros.

«Una vez más la Legislatura vota una ley incostitucional. Necesitaban 40 votos y sacaron la ley con 34. Igual que con la ley anterior. Nos presentaremos en la Justicia para evitar este atropello a todos los porteños y nuestra Constitución», aseguró Gustavo Desplats, de Protocomuna Caballito, la ONG que frenó la ley en la Justicia «