El 100% de las familias porteñas que decidieron judicializar su reclamo por falta de vacantes en escuelas y jardines de infantes obtuvo un fallo favorable. Así lo afirman abogados que asesoran legalmente a quienes quieren un lugar en la educación pública y gratuita. En todos los casos, la Justicia obliga al Gobierno de la Ciudad a otorgar vacantes a partir de los 45 días de vida. La judicialización del reclamo es, entonces, una salida segura para un conflicto que tendrá a partir de este lunes un nuevo capítulo.

Del 1 al 12 de octubre se realizará la preinscripción online, que desde 2014, cuando la gestión PRO implementó el sistema, supone para miles de familias un largo camino de trámites y reclamos en el Ministerio de Educación y ante la supervisión de cada distrito escolar.

Hace casi tres años que la ministra Soledad Acuña evita responder las preguntas que envían las y los legisladores en los pedidos de informe sobre este tema. En 2017 debió cumplir una orden judicial dispuesta por la jueza Elena Liberatori, tras un amparo presentado por el legislador Patricio del Corro (FIT), y brindó datos sobre la cantidad de chicos sin vacante, en los diferentes niveles, pero sin responder a las inquietudes de los diputados. Este año, el gobierno volvió a ignorar el cuestionario, sugiriendo consultar los expedientes de ese amparo y de otro que había presentado la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

Luego de años de pedir esa información sin respuesta, ACIJ formalizó un acuerdo con la cartera educativa porteña por el cual esta se comprometía a informar la falta de vacantes en el nivel inicial, que abarca desde los 45 días de vida a los 5 años. De acuerdo con los datos oficiales que figuran en el expediente, al mes de mayo de 2018 hay un total de 10.633 chicos sin vacante asignada en el nivel inicial. A este número hay que sumarles los casi 11 mil chicos desescolarizados que asisten a los 75 Centros de Primera Infancia, que no están bajo la órbita de la cartera educativa, lo que suma aproximadamente 22 mil niños y niñas sin vacantes en 2018.

En el mismo sentido, un relevamiento elaborado por la Dirección de Educación de la Subsecretaría de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo porteña pone en evidencia cómo se incrementó año a año el porcentaje de niños, niñas y adolescentes sin vacante en escuelas de gestión estatal. En 2014 había quedado fuera del sistema público y gratuito el 52,8%; en 2017 esa cifra rompió su techo histórico alcanzando un 69,5% de alumnos en la educación privada o bien sin vacante.

El informe señala asimismo que entre esas familias persiste un alto porcentaje de casos que terminaron obligados a pagar un colegio privado, aun cuando inicialmente expresaron su elección por la pública: en 2014 pudo hacerlo el 32,5% de las familias; en 2017, apenas el 22,7% de los niños y niñas que rebotaron en la inscripción online ingresaron a una institución de enseñanza privada.

La enorme mayoría de los niños y niñas sin vacante tiene entre 45 días y 3 años de edad. Esa franja etaria es la que el gobierno porteño discrimina cada año, violando el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad. La cartera educativa sostiene que sólo están obligados a garantizar vacantes a partir de los 4 años. Esa interpretación se basa en la Ley de Educación Nacional que define que «la obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde la edad de 4 años hasta la finalización del nivel de la educación secundaria», pero el artículo 24 es superador de esa normativa, y debería aplicarse de acuerdo al principio «pro homine», es decir, según el criterio jurídico que consiste en preferir la norma más amplia en la protección de los Derechos Humanos o que menos restrinja el goce de los mismos.

Las familias nucleadas en el grupo «Vacantes para tod@s en las escuelas públicas» –cuya cuenta de Facebook reúne a casi 9 mil miembros– calculan que en noviembre, cuando se publiquen los listados, más de 17 mil niños y niñas quedarán fuera del sistema.  «