Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Castelar preparan una movilización para mañana a las instalaciones de INTA Central en la zona del Congreso con el propósito de reclamar el esclarecimiento de la muerte del trabajador Diego Soraire ocurrida el pasado viernes y la conformación inmediata de una comisión de seguridad.

Soraire fue internado el 3 de este mes debido a un accidente: estaba realizando un ensayo de pruebas de potencia vacunas y por la tapa se liberaron fluidos ácidos y vapores a 150 grados. Osvaldo Zabal, su compañero, se encuentra todavía internado con quemaduras graves, como resultado del mismo hecho que se llevó la vida de Diego que tenía 37 años, estaba casado y tenía 4 hijos.

Según informó a este diario José Luis Perea, delegado general de la Junta Interna de ATE Castelar, “aparentemente falló el sistema de liberación. Es como una gran olla a presión”, graficó. Además, denunció, “se trata de la segunda muerte producida en los últimos años por las condiciones en que se encuentran estos artefactos”.

La investigación del hecho está en manos de la fiscalía nº 4 del Juzgado Federal de Morón. Sin embargo, Perea se mostró desconfiado “tememos que la justicia tome el camino de echarle la culpa al trabajador. Ya ocurrió con anterioridad. Otros compañeros accidentados incluso fueron despedidos. Vamos a promover una investigación independiente”.

Según detalló “el digestor es de la década del 70 y se utilizaba para el tratamiento de animales para pruebas de vacunas, que se desarrollan para luego ser comercializadas por laboratorios privados (generando recursos propios que se suman al presupuesto como parte de los “servicios externos”). En este caso se trataba de un proceso probatorio de vacunas de Biogénesis Bagó”.

Hace muchos años “estamos exigiendo a las autoridades la modernización de la maquinaria. Esto incluye las calderas y auto claves que también están obsoletas”.

La muerte del trabajador del INTA se produjo el mismo día en el que fallecieran en accidentes laborales un trabajador de la línea 60 de Uta y un obrero de la construcción en CABA. Según datos oficiales mueren cerca de 1500 trabajadores por año en accidentes laborales.

Los hechos se producen en momentos en que el gobierno está empeñado en reformar la ley de ART con el propósito de deslindar aún más las responsabilidades empresarias de los accidentes de trabajo y la capacidad de accionar legalmente contra las propias ART en casos de esta naturaleza.