“Yo siento esa mirada –dice el juez de Garantías de Florencio Varela, Diego Agüero–. Una mirada crítica por parte de mis colegas porque molestamos, chocamos ideológicamente; nos hacen sentir bichos raros porque aplicamos la perspectiva de género y la empatía con la víctima. Como juez tengo la obligación de comprometerme en el caso, debo conocer a la víctima en su condición de mujer, debo conocer su situación social, su realidad. Si yo la veo desde ese lugar, me acerco más a la idea de justicia. Pero esa visión choca con el pensamiento de abogados, defensores oficiales, jueces y cualquier persona que trabaje en el sistema. Como dicen las organizaciones feministas: el poder judicial es patriarcal”.
Lo que Agüero declara lo sostiene con sus fallos. En mayo de 2019 resolvió la prisión preventiva de los diez detenidos por la violación en grupo de una menor de 17 años de Florencio Varela (el restante era menor) argumentando que «aprovecharon la desigualdad histórica entre el hombre y la mujer existente en la cultura argentina, tratando a la mujer como un objeto sexual, como una cosa que luego se abusa, se la deja ultrajada y humillada».
Aquella resolución le valió la primera recusación de uno de los abogados defensores, pidiendo que sea apartado de la causa por “feminista”. Desde entonces la reputación del Juzgado de Agüero se ha extendido. Para las víctimas y sus familias es un refugio en medio de la tempestad. Para los acusados y sus defensores, un infortunio adicional.
“Nos criticaron mucho por ese caso –recuerda–; el cuestionamiento era que le habíamos creído a la víctima, que habíamos simpatizado con ella. Nosotros le habíamos conseguido hasta ropa porque era una chica que vivía en una situación de extrema vulnerabilidad. Para la gente que trabaja en mi juzgado es totalmente normal, la característica nuestra es el acceso a la justicia, pero para los abogados de los acusados eso nos hacía perder objetividad. Luego de la recusación, los organismos de derechos humanos hicieron presentaciones a nuestro favor, y tuvimos un apoyo fuerte de la Asociación de Mujeres Jueces. Terminó con el reconocimiento de que todo lo que hacemos está dentro de la ley”.
El banco rojo del juez
Hace unos días, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del departamento judicial de Quilmes debió responder a dos nuevos pedidos de recusación contra el juez Agüero. En uno de ellos, el defensor oficial José María Mastronardi manifestó que “existen circunstancias que, por su gravedad, afectan la independencia e imparcialidad del juez interviniente” y lo justificó con “la pública y notoria militancia del juez, secretario y auxiliares en los temas de violencia de género, en el caso particular, deja de ser personal (cuestión que no merece objeción), para englobar al órgano jurisdiccional como institución”.
Mastronardi, vale aclararlo, defiende a dos hombres acusados de integrar un grupo de varones que abusó sexualmente de una niña de 15 años en una casa abandonada de Florencio Varela. Los acusados la habían interceptado cuando volvía de un kiosco, le pusieron un trapo en la boca con un líquido para desmayarla. Luego la violaron hasta desgarrarla.
La misma postura asumieron los abogados particulares Griselda Duckardt y José Luis Casariego, defensores de un hombre que amenaza a su ex pareja, al manifestar que “era de público y notorio conocimiento» que el juez tiene «una posición parcializada en aquellas causas en las cuales una mujer resultaba ser víctima de violencia de género”.
Y dijeron tener «la seria sospecha de que el juez informaba a distintos medios periodísticos locales el estado procesal de las causas para hacer públicos los procesos de violencia de género que tramitan ante su juzgado”.
El planteo de Duckardt, que además de abogada fue candidata a concejal de Berazategui por Juntos por el Cambio por la línea interna de Patricia Bullrich, señaló que “en la dependencia del magistrado Agüero existe un banco rojo destinado únicamente a las víctimas de violencia de género, lo cual demuestra la parcialidad con que el juez trata a dichas víctimas en desmedro de otras”. También le pareció mal que Agüero haya liberado a una mujer que mató a su pareja en legítima defensa.
La Cámara de Quilmes, finalmente, rechazó a su turno cada uno de los pedidos contra Agüero por no quedar probada “la afectación o la pérdida de la independencia y/o de la imparcialidad del juez interviniente”.
Agüero, en tanto, no ve un problema en su fama de “feminista” sino en la evidencia de que al resto le falta perspectiva de género. “Que esto sirva para generar conciencia y que algún otro se anime a saltar el charco”.
La Ley Micaela, esencial
Desde el año 2019, tras la promulgación de la Ley 27.499 –más conocida como la «Ley Micaela»–, se estableció la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en los tres poderes del Estado Nacional: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esto implica que todos los integrantes del Poder Judicial deben capacitarse según indica la norma nacional, y que justamente son las máximas autoridades de los organismos las responsables de garantizar la implementación de esas capacitaciones.
Para Patricia Sotile, abogada integrante del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), “en momentos tan complejos como los que se viven actualmente, siguen siendo fundamentales las capacitaciones de la Ley Micaela para avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de los agentes que se desenvuelven en las distintas esferas de los poderes ejecutivo, legislativo, y principalmente judicial, para lograr sentencias más respetuosas de los derechos humanos de las mujeres”.
