«Inclusión con calidad» es el axioma que orienta la mirada de Alberto Fernández sobre la educación, un horizonte que habrá que reconstruir tras cuatro años de fundamentalismo meritocrático en el que, como dijeron el presidente y la gobernadora salientes, hay chicos que «caen» en la escuela pública y «nadie que nace en la pobreza llega a la universidad».

La designación como ministro de Nicolás Trotta, rector de una universidad de origen sindical (la UMET), es sintomática. Trotta ha hablado de un «contrato social educativo», con varios ejes. Uno es el financiamiento. Es urgente recuperar la inversión en educación, que por ley debía superar el 6% del presupuesto total y Cambiemos la precipitó debajo del 5,5%, subejecutando además unos 59 mil millones de pesos en cuatro años. Otro punto central es la recuperación salarial, a partir de la inmediata rehabilitación de la paritaria nacional docente, derogada por Macri en 2018.

El foco en la inclusión pasará por fortalecer los mecanismos de permanencia de los chicos en la escuela. Los 3000 jardines de infantes prometidos por Macri no se construyeron. Una apuesta central, entonces, será la extensión del nivel inicial. Según Unicef, hay 590 mil chicos de entre 3 y 5 años que no asisten a ningún establecimiento educativo. Otra clave será incrementar las escuelas con jornada extendida, en primaria pero también en secundaria, medida prioritaria en un escenario con el 60% de los niños y adolescentes viviendo en la pobreza.

El objetivo en la articulación formativa en la secundaria pasará por la reactivación de las escuelas técnicas, lejos del enfoque flexibilizador de la Secundaria del Futuro porteña. Y se considera clave la recuperación de los programas territoriales de extensión educativa, particularmente los vinculados a la inclusión digital, vaciados por el macrismo, que pasó de las más de 600 mil netbooks entregadas en 2015 por el plan Conectar Igualdad a cero en 2019. El paradigma evaluador del modelo meritocrático, basado en pruebas estandarizadas como las PISA, seguramente quedará de lado.

La inversión en infraestructura escolar, un déficit manifiesto de la gestión Cambiemos, será asimismo una prioridad, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde la administración de María Eugenia Vidal dejó un luctuoso saldo: las muertes en una escuela de Moreno, por una pérdida de gas, de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez.

En las universidades, castigadas –y estigmatizadas, las del Conurbano– durante el macrismo, se aguarda una urgente recomposición presupuestaria.

Y en el ámbito científico, por fin, el «cientificidio» de estos cuatro años (el presupuesto de Ciencia y Tecnología se redujo un 38% en términos reales desde 2015) dejará paso a una necesaria recuperación del Conicet  y el resto de los organismos científicos, vitales para un modelo de país que apueste al desarrollo. «