Meses atrás, el gobierno le prometió a los 498 científicos despedidos del Conicet un lugar como Jefes de Trabajos Prácticos en universidades nacionales, donde puedan desarrollar investigaciones. Sin embargo, para 2018 el Ministerio de Educación de la Nación prevé ajustar los incentivos a docentes universitarios con actividades de investigación. El presupuesto del año próximo reduce de 30 mil a 25 mil los docentes beneficiados, respecto al 2017.
Se trata de un programa creado en 1993, durante la presidencia de Carlos Menem, y que se mantuvo sin interrupciones hasta hoy. El desarrollo científico y tecnológico constituyen una condición necesaria para transitar por un sendero de crecimiento económico y justicia social. En el marco del paradigma científico-tecnológico dominante a escala mundial, basado en la microelectrónica, la biotecnología y los nuevos materiales, las Universidades son destacados protagonistas en la investigación científica y en el desarrollo de nuevas tecnologías de productos y procesos, fundamentaba el decreto 2427/93. Y auguraba: La creación de un incentivo a los docentes de las Universidades Nacionales que participen en proyectos de investigación contribuirá en forma simultánea a aumentar las tareas de investigación y desarrollo a nivel nacional, fomentar la reconversión de la planta docente, motivando una mayor dedicación a la actividad universitaria y a la creación de grupos de investigación.
Sin embargo, en 2018 por primera vez se achicará la planta de docentes universitarios incentivados para investigar. El programa depende de la Secretaría de Políticas Universitarias, conducida por Danya Tavela, Magíster en Finanzas Públicas de la Universidad de La Plata. Según señalan desde el área, actualmente hay 8.197 proyectos de investigación, cuyas remuneraciones dependen de la categoría en la que se encuentre el docente. Cada universidad decide la temática de investigación que abordará.
No es el único recorte de la cartera educativa de cara al año próximo. Este diario ya informó días atrás el ajuste que sufrirán áreas como el ex Conectar Igualdad o Políticas Socioeducativas. El gremio CTERA denunció además una subejecución de lo pautado para 2017, que se manifiesta en menos subsidios a las escuelas en situación de vulnerabilidad, reducción en cantidad de becas para estudiantes de formación docente, de grado y de posgrado, para carreras universitarias prioritarias y para alumnos universitarios de bajos recursos.
Según otro informe a cargo del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), de aprobarse el presupuesto nacional, se autorizaría al gobierno a duplicar el pago de intereses de la deuda pública por sobre la inversión en materia educativa: El presupuesto del Ministerio de Educación es el 57% de lo que se prevé destinar al pago de servicios de la deuda pública.
