En 2012, y como integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), Claudia Cesaroni viajó a Mendoza para intentar hacer un trabajo de convencimiento. La intención era que los legisladores votaran en contra de la sanción de la ley de ejecución penal propuesta por Petri. Evidentemente, salió mal, reconoce.
¿Cuál era el principal argumento para oponerse?
La inconstitucionalidad, porque la ley violaba el principio de reinserción a la sociedad de los presos. No importaba lo que las personas que cometieron determinado tipo de delito pudieran hacer para cambiar su vida. Si adentro de la cárcel trabajaban, estudiaban o habían entendido la gravedad del daño cometido. Solo importaba ponerles más obstáculos. Ese es el espíritu de la ley de Petri: se condena a los detenidos a morir en prisión o a salir cuando sus vidas estén prácticamente extinguidas.
¿Cambió algo en Mendoza a partir del endurecimiento de las condiciones de detención?
Nada. En Mendoza permanentemente se siguen planteando leyes más duras para evitar que las personas que cometen determinados delitos vuelvan a la calle, lo cual no evita que el que esté en la calle cometa delitos graves. Según ese razonamiento habría que condenar a todas las personas a prisión perpetua, no dejarlas salir nunca más y hacer una especie de Minority Report, es decir, prever al que va a cometer un delito grave y meterlo preso desde antes. Todo es un absurdo.
¿Cree que la ley que impulsa Petri solo se explica dentro de un contexto de mano dura?
Hay climas de época, y a este gobierno neoliberal de derecha le sirve construir enemigos, le sirve construir la inseguridad como principal problema. Por ejemplo, hasta hace tres semanas, según las encuestas, la principal preocupación era el tema económico, pero los casos resonantes de los justicieros volvieron a instalar el tema de la inseguridad. Es evidente que eso aleja la mirada sobre otras políticas que son nefastas para el conjunto del pueblo. «
