«Queremos que este caso sea un punto de inflexión en la Argentina, que no pueda reproducirse este maltrato con la familia, que no pueda reiterarse esta práctica inadmisible al cabo de 30 años de democracia». El titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Horacio Verbitsky, expresó su deseo en conferencia de prensa. Fue el viernes 17 de octubre de 2014, a horas de conocerse que Luciano Arruga, buscado desde la noche del 31 de enero de 2009, estaba enterrado en el cementerio de la Chacarita como NN.

Un informe elaborado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y la ONG Acciones Coordinadas contra la Trata de Personas (ACCT) confirma que la respuesta estatal frente a la problemática de la identificación de cadáveres todavía es deficiente y que muchos otros Arruga esperan, algún día, correr el velo del misterio.

De acuerdo con el documento titulado “Búsqueda de Personas en Democracia”, en el país 6033 personas –niños, adolescentes y adultos– faltan de sus hogares. El otro dato relevante es que gracias al cruce de datos aportados por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y los entregados por las policías provinciales, morgues y cementerios, en 2015 se obtuvieron 122 identificaciones, aun cuando sólo en el 6% de los casos se había realizado una denuncia.

“El trabajo con los NN es muy dificultoso porque no todas las inhumaciones cumplían con algún protocolo, ni siquiera con lo más mínimo que es adjuntar una ficha con las huellas dactilares”, explica el fiscal general Marcelo Colombo, a cargo, junto a la fiscal Alejandra Mangano, de la Protex.

En enero de 2015, el Renaper accedió al pedido de la Procuraduría y permitió el análisis de las 21 bolsas amontonadas en el sótano con las fichas de los cadáveres NN registrados en el organismo. El mismo año se implementó la carga de huellas digitales de personas buscadas en el sistema de identificación AFIS y en la base de datos SIFCOP, del Ministerio de Seguridad de la Nación.

“Lo que hicimos –remarca Colombo– fue artesanal y experimental. Logramos avanzar pero todavía queda mucho por mejorar. El principal problema es la desarticulación de la información que gira entre los organismos públicos, mejor dicho, la información que no circula, que se obtura”.

En ese sentido, el informe destaca “la ausencia de conexiones entre los registros estatales, con el funcionamiento del sistema de registro de personas desaparecidas”. En efecto, un gran número de denuncias de desaparición no provocó medidas efectivas de cotejo de datos entre los distintos registros: fueron muchas las personas buscadas que cruzaron las fronteras del país por pasos legales sin activar ninguna alarma.

El caso de AFL (por pedido de la familia se reserva el nombre), cuya identificación se produjo en el marco de este proyecto de investigación, es un ejemplo concreto de las falencias en el manejo de la información. AFL tenía 32 años, era peruano y padecía un “brote psicótico místico” que le causaba pérdidas de orientación de tiempo y espacio. El 9 de abril de 2011 salió de su casa y nunca volvió. La familia hizo la denuncia en la Comisaría 32ª, de Parque Patricios, y empapeló el barrio con su rostro. Dos días después, Prefectura encontró flotando en el Riachuelo a un hombre sin identificación. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue “asfixia por inmersión”, sin rastros que indicaran la intervención de un tercero, así como tampoco muestras de alteración de su estado de conciencia por el consumo de drogas o alcohol. La falta de vinculación entre los datos de las personas buscadas y los hallazgos de cadáveres sin identificar complotó para que la familia tuviera que esperar hasta agosto para saber que aquel cuerpo descompuesto por el agua era el de AFL.

Tuvieron suerte si se los compara con los deudos de Maida Castro, la joven de 19 años que desapareció el 11 de mayo de 2010 en Villa Lugano. Maida murió el mismo día que desapareció por la mordedura de un dogo en circunstancias extrañas. Una familia de González Catán la encontró adentro de su casa sin documentos. Fue enterrada como cadáver NN en el cementerio municipal de Villegas, en el partido de La Matanza, mientras en Capital la seguían buscando. Recién en 2015 se conoció que aquel joven cuerpo era el de Maida.

Para Celeste Perosino, de ACCT, el sistema todavía se está “afinando” porque desde el regreso de la democracia “nunca se había hecho nada”. “Debe haber más casos como el de Luciano –avisa–, pero va a seguir siendo difícil identificarlos si todas las personas que están desaparecidas no estás digitalizadas. Va a llevar mucho tiempo lograrlo”. «

Indicios de trata y femicidios detrás de la búsqueda

Una de las conclusiones más contundentes del informe es la evidencia de un sesgo de género. Los datos muestran que las adolescentes mujeres son las más buscadas. Sin embargo, los cadáveres que aparecen como NN corresponden de manera predominante a varones adultos.

Eso quiere decir que las mujeres no están “institucionalizadas” y que “una gran cantidad ha sido víctima de trata o femicidio y luego, por ejemplo, podrían haber sido enterradas en predios particulares o públicos o sus cuerpos han sido ocultados, mutilados, incinerados, sepultados, con la intención de hacer desaparecer los rastros del crimen”.

Un ejemplo emblemático es el de Pamela Laime. El 18 de octubre de 2000, la joven de 17 años salió por última vez de su casa en Garmendia, Tucumán, para ir a su trabajo como niñera. Nunca llegó.

En 2014, un comisario retirado leyó una nota donde la madre de Pamela contaba su búsqueda desesperada. El hombre buscó en su archivo y encontró las fotos de un cadáver con tres hachazos que habían hallado el 19 de octubre de 2000 en Ticucho y al que nunca se había podido identificar. Así se supo, 14 años después, el destino trágico de Pamela.