Miembros de distintas organizaciones sociales, familiares de detenidos, y liberados se reunieron para debatir sobre la reforma de la Ley de Ejecución Penal 24.660, que estipula que la progresividad de la pena debe incluir cuatro períodos: observación, tratamiento, prueba y libertad condicional. “Existe un reclamos genuino de seguridad en la sociedad, pero todo lo que se está gestando para realizar la reforma es negativo para la sociedad. Es evidente que existe una voluntad manifiesta de meter presos a los pobres. Es por eso que ya pedimos la intervención de la Comisión Interamericana por la Ley de excarcelación”, dijo Eva Arprela del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

La reunión se llevó a cabo en el edificio de la Cooperativa de Liberados de la avenida Federico Lacroze al 4118, en Chacarita, y la consigna fue “Violencia es la desigualdad” porque desde el Frente Renovador y Cambiemos quieren endurecer los requisitos que deban cumplir para recuperar la libertad. La iniciativa tiene media sanción de Diputados, pero aún no fue tratada por el Senado.

La convocatoria fue para generar un espacio para pensar en grupo alternativas para revertir lo que propone el oficialismo. Porque como muchos comprenden que lejos está de solucionar el problema. Y que solo quieren encarcelar y castigar los cuerpos, violando lo establecido por los tratados Internacionales sobre los Derechos Humanos.

Todos los que participaron comparten un pensamiento en común: que existe la criminalización y prisionización de la pobreza. Y que solo basta con visitar las cárceles para chequearlo.

“Entendemos que el gobierno da una respuesta ineficaz a la demanda de la sociedad sobre el tema de la seguridad. En un año electoral como este no es más que un panfleto de campaña que en realidad pretende profundizar los negocios del Servicio Penitenciario a través del Estado, dándole impunidad al aparato represivo. Limitando y minimizando los espacios de inclusión que existen dentro de las unidades. De este modo lo único que hacen es llevar la política punitiva a su máxima expresión, que lejos está de dar solución al problema, todo lo contrario, lo empeora. Ya quedó demostrado con la ley Blumberg que triplicó la población carcelaria y que no bajó los índices de la inseguridad. También la Ley provincial Petri en Mendoza que tiene vigencia desde hace tres años, que produjo un incremento en la población carcelaria de un 65 %, y produjo hacinamiento”, explica Ayelen Stroker, de miembro de la Red de Cooperativas Liberados.

Al final del cónclave, Carolina Villella de la organización Limando Rejas concluyó. “Tenemos que usar todos los medios que estén a nuestro alcance para concientizar a la sociedad que la reforma solo va a causar daño. Hay gente que ni sabe que existe una Ley de Ejecución Penal, debemos explicarle a las personas en un lenguaje que comprendan”.