«El ministro Garavano confunde dos cuestiones. Una es la necesidad de hacer una reforma del régimen penal juvenil adecuado a las normativas internacionales de derechos de infancia y adolescentes, y otra bajar la edad de punibilidad», explica Florencia Gentile, doctora en Ciencias Sociales por la UBA y referente de Argentina No Baja, una red de organizaciones sociales, políticas y académicas que se opone a la iniciativa del Poder Ejecutivo de disminuir la edad en la que los chicos pueden ser juzgados. «Hoy la Argentina se rige por un decreto de la dictadura que obviamente no está construido desde el paradigma de derechos, porque no propone medidas alternativas a la privación de la libertad. Por eso el país ha sido sancionado internacionalmente, pero adecuarse al régimen penal no quiere decir bajar la edad de punibilidad», precisa.

Gentile integra el plenario del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires por la Legislatura. Su designación fue aprobada por unanimidad en el recinto a raíz de sus años de investigación sobre la situación de los chicos cuyos derechos son vulnerados. Ahí, añade, está la base de lo que luego se presenta como necesidad punitiva.

«Los adolescentes están insertos en una trama de múltiples violencias desde que nacen. Desde las intrafamiliares, muchas veces desencadenadas por condiciones sociales precarias e inestables, hasta las que viven en el barrio, donde uno de los actores principales son las fuerzas de seguridad. Después aparece un caso de un pibe que comete un delito y los medios enfocan en la última partecita de la cadena de violencia, pero no se puede deslindar de lo que viene sufriendo a lo largo de su vida», añade Gentile

–¿Cómo analizás la reacción social que generó el caso de Brian?

–La mirada que prevalece está muy permeada por la construcción mediática, que es muy estigmatizante: construye la figura del «joven pobre y delincuente» como causante de la inseguridad. Cuando analizás los datos concretos ves que el porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes de menos de 16 años es ínfimo. Entonces, si esta asociación no se basa en datos estadísticos, es una construcción estigmatizada que simplifica situaciones sociales muy complejas.

–¿La acción del Estado alimenta o va en contra de esa construcción?

–En los barrios, la primera cara del Estado que conocen en la experiencia cotidiana es el hostigamiento de la policía. También ahí está la escuela y en los años anteriores había programas sociales y oficinas de acceso a la justicia. Pero lo que fue pasando a lo largo del último año es que esas dimensiones del Estado se fueron retirando. Se fue vaciando de recursos hasta directamente dar de baja algunos programas con el pretexto de reorganización o modernización del Estado. No es que antes no había una dimensión represiva del Estado en los barrios, el tema es que ahora sólo queda eso.

–¿Qué se propone la red Argentina No Baja?

–El planteo de bajar la edad de punibilidad no es nuevo. Aparece esporádicamente, muchas veces asociado a cuestiones electorales, pero desde hace mucho hay voces que señalan que esto es absurdo, que no soluciona el problema de la seguridad. Pero pocas veces es el ministro de Justicia de la Nación el que encabeza una propuesta de este tipo. Por eso constituimos la red y definimos una serie de puntos en común: como que la medida de bajar la edad de punibilidad es ineficaz (solo uno de los 175 homicidios cometidos en 2015 en la Ciudad fue cometido por un menor de 16); empeora la situación de los niños en lugar de resolverla; los utiliza como chivo expiatorio, es regresivo en relación a sus derechos y, por tanto, es inconstitucional.

–¿Y de qué manera interpretan ustedes el resurgimiento de este planteo precisamente en este contexto?

–No es casual que se empiece hablar de bajar la edad de punibilidad cuando se hace un balance del primer año de un gobierno que aumentó los índices de pobreza. Sabemos que estas cosas impactan de lleno en los derechos y condiciones de vida de niños y adolescentes. Y no sólo eso, la repercusión mediática del caso de Brian se dio dos días después de que hubieran despedido a miles de personas en el Ministerio de Educación. Entonces, dos días antes había aumentado la cantidad de chicos que tienen vulnerados sus derechos a partir del cierre de programas educativos y del despido de educadores. Es decir que, mientras desarmás políticas educativas, proponés políticas punitivas para los mismos que están sufriendo el ajuste. «