El juez del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 22 de CABA, e integrante del Sistema de Seguimientos y Controles de las Condiciones Carcelarias, Sergio Paduzack, alertó en diálogo con Tiempo sobre la situación de las alcaidías, comisarías y cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Recordó que el problema “se agudizó durante la pandemia y aún más con el uso exacerbado de la prisión preventiva”.
Asimismo, brindó detalles del segundo documento que presentaron ante la Justicia Federal durante los últimos días. El escrito visibiliza la sobrepoblación y las condiciones materiales de detención inhumanas y degradantes. Desde este Sistema que integra el magistrado, realizan relevamientos constantes que surgen de las visitas a distintos dispositivos de encierro.
“Este nuevo documento que presentamos tiene la intención de volver a resaltar las malas condiciones de alejamientos en alcaidías, comisarías de la Ciudad de Buenos Aires y cárceles federales”, contó el juez Paduzack, a Tiempo. Aseguró que lo hicieron “para poner en evidencia la sobrepoblación que existe en estos dispositivos como también lo indicó la presentación que realizamos anteriormente”.
Sobrepoblación y una reforma contraproducente
“Recalcamos la situación de sobrepoblación que hay en el sistema penitenciario federal con serios problemas en la adjudicación de cupos”, señaló el juez. En el escrito también resaltan “los índices de encarcelamientos, que sumado a la reforma de la Ley de Ejecución Penal 24.660, impactaron fuertemente al momento -durante la pandemia- que se produjo el hacinamiento. También hablamos sobre los juicios de flagrancia, que impactan directamente en el aumento desmedido de detenidos con penas cortas”, agregó.
“Más allá de las jurisdicciones, el Estado argentino es garante de todas las personas detenidas del país, no importa en qué provincia se encuentren”, explicó el magistrado. Aclaró que lo dice en relación a la “discusión que Nación tiene con la Ciudad, sobre quién debe terminar la construcción de determinadas cárceles que han quedado paralizadas”.
“Sabemos que se trata de un problema estructural. Por eso, en el documento recomendamos que debe ser enfocado desde los tres poderes: el Ejecutivo, como garante; el Legislativo, para estudiar reformas hacia la Ley de Ejecución Penal 24.660 para agilizar los procesos; y el Judicial, como último intérprete de las normas y de brindar el control de la correcta ejecución de la pena”, señaló Paduzack. También puntualizó que no tendría que existir “incompatibilidad entre el deber de luchar eficazmente contra el delito, la obligación de respetar los Derechos Humanos y garantizar un trato digno de las personas detenidas”.
Alcaidías de la Ciudad en estados deplorables
“Solicitamos la urgente finalización de las obras de las cárceles que están en construcción, queremos nuevas y modernas alcaidías que reemplacen a las viejas existentes”, contó el magistrado. Detalló que lo dice por “las unidades 28 que está abajo del Palacio de Justicia y la 29 ubicada en Comodoro Py, que están en estado deplorables”.
“También hay alcaidías en el interior del país en condiciones indignas y de sobrepoblación, allí alojan a detenidos federales, sobre todo los que están por narcotráfico”, aseguró el juez. Señaló que son dispositivos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y de Prefectura Naval Argentina (PNA); “que no están preparados para alojar a personas detenidas, sino solo por 24 o 48 horas, pero las mismas también se encuentran desbordadas”.
“En cuanto a la situación de emergencia carcelaria actual, recomendamos a todas las alcaidías y comisarías de la Ciudad de Buenos Aires que adopten las medidas necesarias para otorgar a las personas sanidad, alimentación y esparcimiento”, remarcó Paduzack. También solicitaron que se hagan las “reparaciones edilicias para respetar las condiciones mínimas de alojamiento aunque sea por uno o dos días; para quienes están ahora y los que vendrán en el futuro”.
“Considerados de suma importancia que se piense en reformar la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena; haya que estudiar y crear medidas alternativas a la prisión preventiva”, subrayó en relación a la sobrepoblación. Porque estas personas podrían estar en sus casas con “la aplicación de pulseras electrónicas, sobre todo para las penas cortas, que representan un alto porcentaje de los detenidos que actualmente están ocupando los cupos”, agregó.
“Al respecto de esto que digo, proponemos analizar y estudiar la creación de una Ley de Cupos que establezca la cantidad de detenidos que puede alojar cada jurisdicción, cada cárcel, como una manera de evitar las condiciones indignas de alojamiento y la sobrepoblación existente a nivel nacional”, ahondó el magistrado. Finalizó advirtiendo que todo lo que está sufriendo la población carcelaria “puede llegar a tener una condena internacional, por no aplicar los tratados internacionales correspondientes”.
Sistema de Seguimientos y Controles de las Condiciones Carcelarias
El escrito fue presentado la semana pasada ante la Justicia Federal por el Sistema de Seguimientos y Controles de las Condiciones Carcelarias. Se trata de un espacio interinstitucional y plural, conformado por jueces y juezas de diversas jurisdicciones territoriales e instancias. Representantes del Ministerio Público Fiscal; fiscales de la Procuración General de la Nación, particularmente la Procuraduría contra la Violencia Institucional; el Ministerio Público de la Defensa mediante sus Comisiones de Cárceles; de Violencia Institucional, de Niños, Niñas, Adolescentes y de Género y la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).
También, intervienen en carácter de miembros consultivos y como representantes de la sociedad civil y control ciudadano, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que es una entidad rectora de la matrícula profesional; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Pensamiento Penal (APP) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como organizaciones de reconocida trayectoria en la materia.
