El miércoles pasado, una empresa contratista del gobierno porteño, realizaba trabajos de obra en el marco del postergado Plan de Urbanización del Barrio Padre Mugica. Pasadas las 14, la constructora demolió una losa y terminó provocando el derrumbe de otra lindera que afectó a un edificio de vivienda habitado por casi 30 familias. Desde entonces, niñas, niños, personas con discapacidad y mujeres embarazadas duermen a la intemperie bajo la autopista Illia y sin poder recuperar sus objetos personales, que aún se encuentra dentro del complejo habitacional.
“La situación es desesperante y todavía no hay ninguna solución por parte del gobierno de la Ciudad. Las familias están durmiendo en colchones que donaron los vecinos, ya que los primeros días durmieron en el asfalto bajo la autopista”, cuenta a Tiempo Silvana Olivera, vecina de la Villa 31 e integrante de la Mesa de Urbanización del Barrio Padre Mugica. Desde el ejecutivo local, insisten que el hecho fue un error de la empresa contratista encargada de realizar las obras del plan de urbanización. Las y los vecinos de la Villa 31 aseguran que los trabajos de urbanización se realizan lentamente, que constantemente son postergados y que aceleraron su proceso en medio de la campaña electoral. “Están viviendo con lo puesto porque sus ropas y pertenencias quedaron en las casas a las que no pudieron volver a entrar”, agrega Olivera.
La administración de Rodríguez Larreta les había prometido a las familias que entre el lunes y el martes de esta semana, Guardia Civil iba a ingresar para ver el estado de la estructura de las viviendas: “La realidad es que, por lo que se ve, hay muchos escombros como para que ingrese la Guardia Civil y, según lo que nos dijeron, todo se podría demorar una semana más”, suma la referente barrial.
Tras el derrumbe, el ejecutivo ordenó el corte del servicio eléctrico y horas más tarde se produjo un incendio en el cableado. Las familias pasaron la primera noche en paradores destinados a personas en situación de calle en el barrio de Villa Lugano, pero regresaron al día siguiente para cuidar lo poco que les quedaba. Muchas regresaron rápidamente cuando se enteraron de que sus hogares quedaron “al resguardo” de la Policía de la Ciudad.
“Este fin de semana recibimos bastantes donaciones gracias a la ayuda y solidaridad de muchas personas, hoy por lo menos las familias tienen algo para comer para darle a sus hijos”, termina Olivera. Este lunes, pasadas las 17, los vecinos y vecinas de la Villa 31 lograron una mesa de trabajo conjunta, con organizaciones sociales, las defensorías locales y el Gobierno de la Ciudad. Las familias solicitaron una solución definitiva a la situación habitacional.
Desde la UPE (Unidad de Proyectos Especiales), dependiente del Ministerio de Desarrollo y Hábitat, que lleva adelante las obras de urbanización, aseguran que las tareas realizadas en ese lugar incluyen el mejoramiento de viviendas, la creación de un parque público bajo la autopista, un Centro Comunitario y un Destacamento Policial.
Inseguridad en los paradores porteños
Las familias de la Villa 31 se negaron a estar en los paradores de la Ciudad. Uno de los principales argumentos es que el ejecutivo porteño no deja ingresar a las familias con sus pertenencias o mascotas. Un relevamiento realizado por el Observatorio de Innovación Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, afirma que el 85% de las personas en situación de calle no quiere dormir en los paradores del gobierno de la Ciudad por temor a robos y a situaciones de violencia.
El informe bajo el título, “Hacia un abordaje integral de la gente en riesgo de calle” fue realizado a partir de 200 entrevistas a personas en situación de calle en San Telmo, Congreso, Núñez, Caballito, Belgrano, Parque Patricios, Balvanera, Flores y Constitución; en el marco del confinamiento social como consecuencia de la pandemia.
Según el informe concluido en mayo del 2021, del total de los encuestados, el 68,95% son personas de género masculino y el 50% tiene entre 24 y 45 años. Alrededor de la mitad subsiste a través del cartoneo, limosnas y changas. En cuanto a los ingresos, más del 60% percibe menos de 3800 pesos por semana, el 25% entre 3801 y 7600 y sólo el 12% entre 7601 y $15100. Más de la mitad (54%) no recibió ningún tipo de subsidio habitacional.