A una semana de los reclamos en los penales bonaerenses y la represión que siguió para retomar el orden, el abogado Gustavo Palmieri, uno de los referentes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, analiza la evolución del conflicto y pide que se investigue seriamente la participación de funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense, de quienes se sospecha que promovieron la toma de las unidades; al mismo tiempo, insiste en que los tres poderes del Estado deberían retomar la Mesa Interinstitucional de Diálogo creada por decreto apenas asumió el gobernador Axel Kicillof, con la idea de abordar la problemática vinculada a las condiciones de alojamiento en comisarías, alcaidías y cárceles.
“Al comienzo de la cuarentena, las personas privadas de su libertad, al igual que las que están afuera, debieron aceptar restricciones. En el caso, de los presos esto ocurrió con la suspensión de las visitas y talleres. Para compensar, dependiendo de la jurisdicción, se habilitó con protocolos y registros especiales el uso de celulares, o espacios para que pudieran comunicarse por videollamadas, el mismo sistema que se utiliza para las audiencias judiciales”, señala Palmieri, quien revela que en muchos casos los mismos detenidos “fueron quienes pidieron restringir y suspender las visitas, inclusive cuando desde el Día de la Madre se autorizaron en el sistema federal, hubo pabellones o grupos que decidieron abstenerse para limitar las posibilidades de contagio”.
–Entonces, ¿qué pasó el fin de semana pasado?
–Lo de la provincia de Buenos Aires se da en un contexto muy particular. Había cierto reclamo para restablecer las visitas porque el Servicio Penitenciario Federal lo había hecho hacía dos semanas sin mayores consecuencias para las unidades en la Ciudad y en el Gran Buenos Aires. Entonces, pensaban que iba a suceder algo similar en Provincia, y se suponía que iba a ser así porque claramente hubo mensajes de funcionarios penitenciarios, no del Ministerio de Justicia, que bajaron esa línea, y empezó a articularse todo lo que implica preparar visitas.
–¿Cree que el Servicio Penitenciario Bonaerense es responsable?
–Las visitas no se habilitan de repente y empiezan a llegar los familiares. Hay personas que tienen que juntar dinero, trasladarse desde muy lejos, comprar mercadería para sus parientes. Se genera un enorme gasto de tiempo y recursos, y al mismo tiempo una gran expectativa de poder ver a sus familiares, a quienes no ven desde marzo. Por otro lado, las personas privadas de su libertad empiezan a limpiar y arreglar todo para poder recibir las visitas. Y pocas horas antes, después de que se había dejado correr esta idea, se suspende la medida, cuando mucha gente ya estaba en las puertas de los penales. Eso generó un gran nivel de malestar. Algunos suponen que hubo cierta connivencia en sectores del Servicio Penitenciario en habilitar esa posibilidad o, al menos, en no advertir estas protestas y que las mismas pudieran terminar en la toma de la unidad o de muchos pabellones, como ocurrió.
–Esos mismos agentes luego reprimieron…
–Cuando tuvieron que retomar el control de las unidades, las imágenes que se vieron, los relatos que tenemos y las denuncias son de situaciones muy graves, de un abuso claramente de la fuerza, de una brutalidad total. Hay registros del uso de armas de posta de goma tirando directamente al cuerpo desde una distancia cercana.
–¿Cómo se evitarían este tipo de protestas y esta respuesta penitenciaria?
–Mucho de todo esto tiene que ver con los niveles altísimos de hacinamiento y sobrepoblación. Estamos en situaciones inhumanas de alojamiento, porque el sistema está preparado para menos personas. Entonces, los funcionarios penitenciarios no tienen el control y tercerizan parte de ese gobierno en los pabellones. Al no tener autoridad, cuando tienen que buscar alguna forma de lograr el control, la única que les queda es ejercer la fuerza bruta. Depende de la Justicia, el Ejecutivo y el Legislativo encontrar una solución. Son ellos quienes tienen que activar los mecanismos para descomprimir esto. Nosotros criticamos que todos los dispositivos que se habían comenzado a aplicar quedaron suspendidos en mayo y no hubo más energía política ni decisión. De hecho, la Provincia no tiene subsecretario de Políticas Penitenciarias. Eso lo dice todo. «
Exigen que la corte bonaerense investigue
Los integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) se reunieron este viernes con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Soria, a quien le trasmitieron la necesidad de que se investigue “diligentemente la represión de las protestas que ocurrieron en las unidades penales” y que, de probarse la participación de agentes penitenciarios, se avance en la sanción a los responsables.
En el encuentro, del que también participaron otros altos funcionarios judiciales, se compartió el diagnóstico “sobre la grave situación en comisarías y establecimientos penales bonaerenses y se conversó sobre cursos de acción que coadyuven a modificar este escenario, en el marco de las distintas competencias y de la cooperación interinstitucional”, indicaron desde el Comité en un comunicado, en el que recordaron que el máximo tribunal, en diciembre del año pasado, se había pronunciado al indicar que la situación de cárceles, alcaidías y comisarías de la Provincia era “insostenible”.
