La campaña Migrar no es delito realizó una gran movilización frente a la Dirección Nacional de Migraciones luego de no recibir ninguna respuesta de las autoridades a una carta presentada el 13 de marzo. “Exigimos que se tomen medidas urgentes para terminar con las expulsiones arbitrarias, como sucedió con Vanesa Gómez, ciudadana Peruana separada de sus hijos argentinos”, explican los organizadores. La CIDH ha solicitado medidas cautelares al gobierno, “con el objetivo de evitar el daño irreparable a niños y niñas provocado por la separación de las familias migrantes en Argentina”.
Desde la campaña explican la gran preocupación por la persecución que sufren los migrantes, especialmente los pobres, por las fuerzas de seguridad, pero que están avaladas por políticas públicas. Si bien la mayoría de los casos no trascienden, aquellos casos que toman difusión pública son celebrados por altos funcionarios del gobierno nacional, como la ministra Patricia Bullrich.
“En la nota le solicitamos poner fin al sistema de radicación RADEX, el cual ha traído innumerables problemas para el acceso a la residencia”, además de rechazar el aumento del 1000% de las tasas migratorias y la anulación del DNU 70, que modificó la Ley de Migraciones 25.871 provocando un “retroceso en materia de derechos humanos”.
El documento consensuado por los organizadores denuncia que el gobierno nacional agrava la situación social de los migrantes con el anuncio de la complementación de cuatro fuerzas de seguridad para actuar como policía migratoria auxiliar. “Este anuncio alerta a todos los migrantes de CABA donde la Policía de Ciudad es el principal ejecutor del gatillo fácil, las detenciones arbitrarias, por ‘portación de rostro’ o por ser pobres, exponiéndonos a una situación de vulnerabilidad y criminalización en el espacio público, en un contexto de expulsiones arbitrarias bajo la figura del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017”.
Horacio García, director del área, no ha respondido ni atendido las peticiones y reclamos de las organizaciones migrantes. “Los reclamos presentados son reivindicaciones absolutamente legítimas, de acuerdo con lo establecido constitucionalmente respecto de los derechos de los y las migrantes en Argentina, y que el actual gobierno incumple” declaran.
Con consignas claras, como “Basta de separar a niños y niñas de sus padres y madres migrantes”, “Por Políticas Públicas de ampliación inmediata de la tasa de eximición”, entre otras.
