Al cumplirse un año del gobierno de Javier Milei, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) elevó un análisis sobre el despliegue de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones públicas. Se trata de un registro de hechos de violencia, represión y detenciones arbitrarias que ocurrieron desde la implementación del protocolo antiprotestas, por parte del ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich, hasta el pasado 30 de noviembre.
Tras el trabajo realizado, quedó al descubierto que en diecisiete de las sesenta movilizaciones que monitorearon los organismos de control se produjeron episodios represivos por parte de las fuerzas de seguridad, esto indica que una de cada tres manifestaciones sufrió la represión estatal.
Es una tarea que este organismo provincial de control realiza en conjunto con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires. “En total monitoreamos sesenta marchas que tuvieron lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el territorio en la Provincia de Buenos Aires”, enumeró Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo.
“Realizamos un detallado análisis de las consecuencias de la política represiva planificada por el gobierno nacional, que afecta en forma directa a los derechos constitucionales, como ser, la libertad de expresión, poder manifestarse públicamente y peticionar a las autoridades”, aseguró el abogado.
Represión a la sociedad civil
El Secretario ejecutivo continuó: “Nosotros observamos que en muchísimas de las manifestaciones que se realizaron hubo despliegues policiales desproporcionados y brutales, también un uso desmedido de la fuerza represiva sobre la sociedad civil”.
“A través de violencia ejercida por las distintas policías y grupos especiales, el gobierno de Javier Milei instala el terror en los manifestantes, así intenta disuadir la protesta social en su totalidad”, explicó el letrado. “Aún más cuando las manifestaciones fueron de pocas personas”, continuó.
La represión selectiva del Gobierno
“Otro aspecto que observamos es que la represión fue selectiva. Porque la mayoría de los hechos de violencia institucional y brutalidad policial los relevamos cuando se movilizaron las organizaciones sociales, piqueteras y los partidos de izquierda”, aseguró el secretario ejecutivo.
Señaló además que durante el desarrollo de estas movilizaciones “las distintas fuerzas de seguridad también detuvieron arbitrariamente a manifestantes». «En la mayoría de los casos los imputaron en los delitos como ‘atentado’, ‘resistencia a la autoridad’ y ‘daños’, entre otros”, contó Cipriano.
La nueva forma de criminalizar
Cuando se realizó la movilización en repudio al tratamiento de la Ley Bases, que tuvo lugar el pasado 12 de junio, se produjo la detención de 33 personas con intervención de la Justicia Federal. Esto llamó mucho la atención de quienes realizaron los monitoreos, “porque estas detenciones representaron una nueva modalidad política y judicial de criminalizar aún más la protesta social, e incorporan las acusaciones de ‘terroristas’, ‘golpistas’ y ‘sediciosos’ hacia las personas que fueron detenidas arbitrariamente por manifestarse en forma pacífica”, enfatizó el abogado.
Según Cipriano, todo lo registdo por los organismos de control a lo largo del año en curso “permite advertir que la represión a la protesta presenta rasgos sistemáticos que dan cuenta de una política planificada por parte del gobierno nacional». «Esto tiene como principal objeto limitar el ejercicio del derecho a la libre expresión y la manifestación pública de determinados sectores, en especial, de los movimientos sociales y los sindicatos”, finalizó el secretario ejecutivo.
