Mientras la Comunidad Europea debate expulsar de sus fronteras a Monsanto, los funcionarios del gobierno argentino parecen los voceros dilectos de la multinacional agroquímica. La actitud de algunos de ellos, como el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, se comprende: antes de asumir en su cargo estaba del otro lado del mostrador. Otros, como el titular de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, el rabino Sergio Bergman, no disimulan su poco entendimiento en la materia y se subordinan a la estrategia del mayor proveedor de glifosato del planeta: maximizar las ganancias de los productores agropecuarios más allá de los daños colaterales.
Los principales dirigentes del Parlamento Europeo pidieron esta semana que los directores de la empresa de origen estadounidense se abstengan de presionar a los políticos locales. Dicho de otra manera: que sus lobbistas no pisen Bruselas, el corazón de la democracia del viejo continente, donde por estas horas se define si se les renueva o no la licencia para operar por diez años más.
Se trata de una represalia a Monsanto por no haberse presentado a una sesión en la Eurocámara en la que debía aclarar por qué fraguó documentación científica, tal como se desprende del escándalo desatado en Estados Unidos conocido como Monsanto Papers, donde por orden judicial salieron a la luz mails entre directivos de la empresa y los funcionarios que debían controlarlos, que prueban que la multinacional elaboraba sus propios informes privados que luego eran avalados, a libro cerrado, por otros expertos.
Esos informes contrastaban con las conclusiones de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, que incorporó a este herbicida en la lista de sustancias probablemente cancerígenas para los humanos. Países como Italia, Francia o España ya adelantaron su opinión y acotan cada vez más el accionar de la multinacional.
Ese escenario mundial desfavorable para Monsanto no parece, sin embrago, afectarla en la Argentina, donde hoy la soja transgénica ya ocupa 23 millones de hectáreas, en las que se utilizan alrededor de 400 millones de litros de agroquímicos, generando una dosis potencial de exposición de casi 8 litros por argentino al año. En las zonas agrícolas, el monocultivo de soja (y en menor medida el de maíz) se extiende a 25 millones de hectáreas, donde viven 12 millones de personas, por lo que los niveles de exposición se elevan: entre 40 y 80 litros por persona, explica a Tiempo el abogado ambientalista Enrique Viale.
Por la aplicación del herbicida, que mata todo aquello que hay en la tierra excepto las semillas manipuladas genéticamente (todo a cargo de la misma empresa), ya fueron expulsadas unas 200 mil familias de áreas rurales, según un relevamiento del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Además, todos los días surgen nuevos pacientes oncológicos en las zonas fumigadas.
A principios de agosto, los máximos exponentes del agro se reunieron en Rosario para el 25° Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), que coincidió con el 7° Congreso Mundial de Agricultura de Conservación. Durante el encuentro, Bergman dijo que la legislación vigente era un caos, y que junto a Buryaile pensaban elaborar una resolución, eludiendo al Congreso y a modo de recomendación, para que las distintas jurisdicciones adhieran a una nueva normativa sobre la distancia a la que se permite fumigar cultivos con agroquímicos respecto de zonas pobladas. Bergman no habló de metros; sólo de tipificar «franjas de cobertura» ante ordenanzas municipales que fijan la distancia en 500 y hasta 2500 metros de los cascos urbanos, y que el gobierno considera restrictivas. Buryaile dijo respetar la autodeterminación de cada distrito en la materia, pero subrayó como obstáculo que sean «muy disímiles».
Entonces, mientras países como Francia avanzan hacia la prohibición total del glifosato, los funcionarios argentinos procuran que la fumigación con agroquímicos no se aleje mucho más que a una cuadra de las personas, a lo sumo dos.
Fuentes de Ambiente señalaron a Tiempo que el ministerio trabajará en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) en la búsqueda de consensos para la aplicación de productos fitosanitarios y agregaron que aún no se han determinado las distancias mínimas de aplicación en relación a los cascos urbanos y rurales, pero que se torna necesaria la discusión, habida cuenta de la existencia de una demanda social para resolver la problemática. Los voceros parecen referirse a la necesidad de los productores rurales que utilizan glifosato de optimizar el rinde de sus cosechas, y no tanto a la demanda de los vecinos de pueblos fumigados.
Desde Agroindustria confiaron a este diario que por el momento esa resolución no es una prioridad: siempre y cuando los productores asuman como un axioma las recomendaciones hechas por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), elaborada por ese ministerio, que contemplan, además de la prohibición de la reutilización de los bidones con veneno, un amortiguamiento en las áreas periurbanas de 100 metros para las aplicaciones terrestres y de 200 metros para las fumigaciones aéreas.
La idea del manual y de los funcionarios es que si la población local se enferma de cáncer por estar expuesta al glifosato, es por culpa de la mala aplicación de estas recomendaciones, concluye Viale. . «
