No fue un camino sencillo el que se transitó para lograr la sanción de la Ley de Glaciares. Los más memoriosos recordarán el veto presidencial que el proyecto recibió en 2009, conocido como veto Barrick, en honor a la minera multinacional que opera Veladero en San Juan y cuenta con las licencias para explotar el proyecto binacional Pascua-Lama, donde cursa investigaciones para explorar en el lado argentino. Conocidas eran las reuniones de la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner con el entonces CEO de Barrick Gold, Peter Munk.
A pesar de la presión de los empresarios y la vista gorda del gobierno nacional, en 2010 se sancionó la Ley N°26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Esta ley, que busca preservar ambientes glaciares y periglaciares de las actividades extractivas, sufrió varios reveses desde su sanción. Por ejemplo, en San Juan, durante los dos primeros años, una cautelar impidió su aplicación. A este hecho se suma la demora en la reglamentación de la ley, en marzo de 2011, varios meses después de la sanción. En este contexto, las organizaciones ambientalistas fueron las primeras en reclamar que la reglamentación tenía muchos grises, ya que no se estableció quién tenía la autoridad de definir las áreas prioritarias a inventariar, en las que deberían realizarse auditorías a emprendimientos mineros para evaluar si existen impacto sobre glaciares y áreas periglaciares.
Ya para fines de 2015, y con un nuevo gobierno, el panorama para los glaciares continuaba siendo desfavorecedor. El objetivo de publicar la primera parte del inventario nacional de glaciares, tarea que correspondía al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), no se cumplió. Para esa fecha sólo el 10% del inventario estaba publicado.
A comienzos de 2016, la quita de retenciones al sector minero dejó entrever las intenciones del actual gobierno de favorecer a la minería en detrimento de nuestros glaciares. Meses después, Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas tuvieron acceso a un documento del Ministerio de Ambiente, que exponía el avance de 44 proyectos mineros sobre área glaciar o periglaciar. En las últimas semanas se dio a conocer una reunión del presidente Mauricio Macri con empresarios y parte de su gabinete, en la que se trató la modificación de la Ley de Glaciares. Este encuentro no toma desprevenidos a los ambientalistas, que ya han denunciado en muchas ocasiones que el gobierno pretende favorecer a las grandes multinacionales a costa de la aniquilación de nuestros glaciares.
El presidente había presentado al 2017 como el año de las energías renovables. Sin embargo, parece que confundió sus prioridades como máxima autoridad nacional y decidió impulsar el desarrollo de actividades extractivas que destruyen los recursos naturales, propiedad de todos los argentinos.
*Coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace.
