Era cuestión de tiempo. Tarde o temprano, el Covid-19 iba a llegar a los geriátricos, donde se encuentra la población de mayor riesgo frente al contagio. El sector, relegado desde siempre y por todos los gobiernos, busca evitar ser un espejo de lo que pasó en Europa, donde el coronavirus hizo estragos entre los adultos mayores al ingresar a las residencias. Especialistas consultados por Tiempo explicaron que, dadas las condiciones de funcionamiento de estos lugares, la situación puede explotar de un momento a otro si no se la aborda a tiempo.
Un primer aviso se dio esta semana, al detectarse contagios múltiples en dos instituciones en los barrios de Belgrano y Parque Avellaneda, donde murieron dos ancianos. Decenas de pacientes fueron derivados a clínicas de la zona, mientras la Justicia porteña busca determinar si los dueños de los establecimientos cometieron abandono de persona o si fue el Gobierno de la Ciudad el que no abordó la situación como lo ameritaba.
“Hoy debemos tener poco más de 100 mil camas, de las cuales 45 mil corren por cuenta del Pami, en un total de 3800 establecimientos habilitados”, explica a Tiempo el titular de la Defensoría de la Tercera Edad, Eugenio Semino, quien aclara que este universo se completa “con otros mil geriátricos clandestinos más, muchos de ellos en el primer y segundo cordón del Conurbano”. De hecho, días atrás se activó en dos geriátricos de Tres de Febrero y Moreno el protocolo ante posibles evidencias de circulación del virus: en Ciudadela murió una anciana que –se determinó luego– fue un falso positivo; y en La Reja hubo otras dos muertes. Los dos lugares fueron clausurados porque eran truchos.
El abogado especializado en gerontología Christian D’Alessandro sostiene que la Argentina tiene la mayor cantidad de personas envejecidas de la región y que la población residente en geriátricos –en su gran mayoría administrados por familias– es del 1,3%, de acuerdo al último censo. En diálogo con este diario, el experto hace hincapié en que las inspecciones dependen de las “órbitas provinciales o municipales, que apenas controlan la habilitación, sin entender mucho sobre los derechos básicos de cuidados hacia los adultos mayores”.
Semino coincide: “La supervisión del Estado no es muy clara, por lo que siempre se trabajó al límite. Hay dos componentes centrales que hacen a los costos en la internación geriátrica: la comida y el personal. Lamentablemente, el recurso humano muchas veces no está vinculado a la salud, y siempre fue variable de ajuste, sobreexplotado y pocas veces capacitado”.
El defensor de los adultos mayores agrega que en estas casas de reposo los familiares de los residentes suelen ser una especie de “rueda de auxilio encubierta del personal” para realizar ciertas tareas “cuando los ancianos están postrados y, por ejemplo, no son autoválidos para comer y los allegados acostumbran asistirlos”. Esta labor puede llevar horas, pero como el contacto con los parientes fue vedado, esa “mano extra” ya no existe.
A esto se suma que aquellos trabajadores con enfermedades preexistentes, mayores de 60 años y embarazadas fueron licenciados por ser considerados de alto riesgo. “Deben representar entre el 15 y el 20% del personal, cuya planta puede verse afectada aun más si alguien está sospechado de tener el virus y le cabe el aislamiento obligatorio”, precisa Semino, y resume: “Estoy convencido de que hay 3800 bombas de tiempo (los geriátricos legales) y unas mil minas subterráneas (los ilegales) de las que te enterás cuando ya explotaron”.
Cuidar y testear
Eduardo Schmunis en un arquitecto especializado en proyectos para personas mayores, relacionado con dos geriátricos porteños y una voz respetada en el sector. “No somos ni hospitales ni sanatorios, somos residencias de larga estadía; los ancianos aquí fijan su domicilio, donde se trabaja para mejorar su calidad de vida. Es una zona intermedia entre una casa y una institución de internación”, señala, y argumenta que los directores médicos, enfermeros y geriatras, entre otros especialistas de esos establecimientos, cumplen con los protocolos del gobierno porteño, del Ministerio de Salud de la Nación y de la OMS respecto a las medidas de bioseguridad.
Más allá de esto, Schmunis entiende que el virus, allí donde ingresó, provino de alguien en contacto con el exterior, y muy probablemente de médicos, otros profesionales o el personal, ya que los familiares ya habían interrumpido, por el aislamiento social obligatorio, el contacto físico con los residentes. “Por eso, entre los colegas llegamos a la conclusión de que debería haber en el transporte público lugares especialmente higienizados y reservados para personal sanitario”, analiza.
Para frenar la pandemia puertas adentro, sostiene, será clave la detección temprana de infectados, sobre todo en el personal y en todos los profesionales que concurren a los geriátricos, y para eso se necesitan tests. Algunos lugares pudieron comprarlos de manera privada, pero los controles deberían repetirse con cierta periodicidad para ser efectivos. En cualquier caso, se trata de un recurso limitado, y no está previsto, al menos por el momento, el testeo masivo de residentes, trabajadores y profesionales.
