La ministra de Seguridad Patricia Bullrich autorizó a los abogados de la División de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Jurídicos de su ministerio a defender al el sargento de la Policía Federal Sergio Damián Lucero.

Lucero está acusado en un caso de gatillo fácil que ocurrió el pasado 21 de diciembre en pleno San Cristóbal: según relataron los vecinos y organizaciones sociales, Nicolás Soriano, tras ser perseguido por un supuesto robo en un colectivo se encontraba con las manos en alto cuando el policía le disparó en la cabeza.

Según informó la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), el policía debía prestar declaración indagatoria el viernes pasado, pero sus abogados defensores designados por el Ministerio de Seguridad lograron demorar esa instancia.

«La intervención de estos abogados penalistas, algunos de planta y con grado policial, otros contratados, tiene un paso previo, que es el análisis, por las autoridades del ministerio, de que el caso amerita la defensa orgánica e institucional. El decreto 1866/83, reglamentario de la ley 21.965 para el Personal de la PFA, establece que la asistencia letrada institucional a policías en actividad o retirados se brinda solamente ‘cuando se trate de causas exclusivamente iniciadas a consecuencia del ejercicio de la labor policial’, explicó la Correpi en un comunicado difundido el lunes.

“Nada puede ser más claro: antes de la intervención de estos abogados, hay un acto administrativo del ministerio que determina que deben tomar la defensa porque es una causa que criminaliza un acto de servicio. La intervención de estos abogados-funcionarios, recurrente y sistemática en las causas donde el gobierno de turno decide defender públicamente su derecho al poder de fuego contra la población, es la prueba más evidente de que la represión es política de Estado”, agregó la organización.

Soriano permanece internado en terapia Intensiva del Hospital Ramos Mejía en estado reservado ya que la bala le cruzó de lado a lado la cabeza.

Algo insólito ocurrió en los primeros días de su internación: si bien la Policía conocía su nombre no avisaron a la familia de su internación. Un patrullero se acercó a la casa familiar, dijo que iba a constatar domicilio porque se encontraba detenido por robo. Varios días después fue la propia Correpi quien le avisó a la familia del estado de salud de Soriano.

A esto se sumó que hasta el 28 de diciembre estuvo custodiado por agentes de la Policía Federal, la misma fuerza que está implicada en el hecho, ya que el primer juez que intervino en la causa, Marcelo Conlazo Zavaldía, se negó a apartarla de la investigación. Tras el cambio de juez, Diego Slupski ordeno el retiro de la Federal y que sea Gendarmería la que mantiene la custodia.