«Tenemos que poder saber cómo le está yendo a la escuela donde van nuestros hijos. Hoy está prohibido por ley que se publiquen los resultados por escuela y eso no tiene sentido». Las palabras de Mauricio Macri en la apertura de las sesiones se completaron con un pedido al Congreso para que modifique la norma actual. Para analizar qué implica esta iniciativa en la que el macrismo insiste desde hace años en la Ciudad, Tiempo consultó a Gabriel Brener, licenciado en Ciencias de la Educación, especialista en Gestión y Conducción de Sistema Educativo por FLACSO y docente en UBA y UNAHUR. Brener fue quien estuvo al frente del Índice de Mejoramiento de la Escuela Secundaria Argentina (IMESA) hasta diciembre de 2015, cuando la iniciativa fue archivada por la actual gestión. «Cambiaron una mirada comprensiva y cooperativa como la que buscábamos, donde cada escuela mejorara mirándose a sí misma y cuya evaluación sirviera para reorientar la inversión y formación, para pasar a una lógica mercantil que refuerza la condición de debilidad, acompañada por una visión punitiva de la evaluación. Es anteponer el ‘tener’ al ‘ser’, enaltecer la pedagogía del control y la punición creyendo que el castigo mejora la comprensión y que hay que ser buen vecino, obediente y emprendedor».

–Es la primera vez que se habla de modificar la ley para rankear a las escuelas. ¿Qué significa esta idea?

–Naturaliza cada vez más el divorcio entre calidad e inclusión. Es pensar en la evaluación con la lógica efectista, tecnocrática y marketinera, haciéndole el juego a la creencia de que la evaluación por sí misma mejora el sistema. Allí reside la posverdad en educación. Se prometieron 3000 jardines y no se construyeron más que algunas aulas, y faltan vacantes hace una década en el distrito más rico del país. Lo del discurso presidencial fue un sinceramiento en la línea del Operativo Aprender, alineado a los imperativos internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y las pruebas PISA, los organismos del capital trasnacional que orientan la política educativa. La competencia es la principal fuente de progreso, despojando totalmente la variable humana y cualitativa. Convierte a la víctima en único culpable de su propio «fracaso» y hace invisible al Estado y sus políticas como principal garante y responsable de dicho fracaso o dificultades. Ajustando los resultados estandarizados independientemente de los contenidos. Además, no hay evidencia alguna de que al publicar los rankings, las escuelas que están peor, mejoren. En cambio, se fortalece la etiqueta y el estigma sobre las escuelas que estén «peor».

–Macri sostuvo que con los resultados de Aprender aplicaron los criterios de las escuelas a las que les fue mejor en las 3000 «que más problemas tenían».

–El contexto no interesa, se estandariza. Por eso es de una vulgaridad enorme pensar que una escuela mejorará copiando a otra. Habla de una ingenuidad que alarma. Significa despojar del estudio al recorrido pedagógico que existe en todo el ciclo de cada institución y cada alumno. No hay escuela sin contexto. Pero todo esto es distractivo, porque hay cero inversión. Hubo 80 millones de libros en las escuelas y hoy no hay nada. Lo mismo con las netbooks y la subejecución alarmante. La lógica no es desmontar, sino vaciar por goteo. «