Sola, en auto, Lucía Caisso atravesó la pampa húmeda de la Argentina con escalas en cada pueblo y en cada paraje para sumergirse en lo que ella nombró “ese océano de soja y maíz transgénico”. Caisso, docente universitaria e investigadora de CONICET en la ciudad de Rafaela, Santa Fe, había anotado en su cuaderno de campo un par de preguntas: ¿cómo se procesan en las escuelas rurales los conflictos políticos generados por las fumigaciones con agroquímicos? y ¿esa conflictividad forma parte o no de la cotidianeidad escolar? En busca de respuestas se lanzó al campo.
“Había muchas investigaciones sobre pueblos fumigados pero no había investigaciones específicas sobre las escuelas fumigadas –recuerda ahora Caisso–. Mi investigación consistió en documentar la problemática de las fumigaciones en los entornos escolares rurales y en reconstruir cómo son experimentados por los sujetos escolares. Se trata de una problemática invisibilizada porque la actividad agrícola transgénica es la principal fuente de ‘riqueza’ de los sectores dominantes de nuestro país, de los gobiernos provinciales de la zona núcleo y de los gobiernos nacionales de las últimas tres décadas. Son todos estos sectores público-privados quienes continúan alentando y apostando a este sistema productivo agrícola y, al hacerlo, invisibilizan sus efectos sanitarios”.
Docentes rurales y agroquímicos
En 2019, Caisso ganó una beca del Instituto Nacional del Cáncer para estudiar la salud de docentes de escuelas rurales del sudeste de la provincia de Córdoba. Ese mismo año, una noticia la perturbó: la muerte de Ana Zabaloy, la maestra de San Antonio de Areco que se había convertido en un símbolo de la lucha contra las fumigaciones. Zabaloy murió de cáncer, como si hubiera ofrecido su vida para probar el vínculo tantas veces denunciado por ella entre la enfermedad y la exposición sistemática y prolongada a las fumigaciones con plaguicidas.
“Pude documentar que la mayoría de los docentes rurales consideran a los agroquímicos como una fuente potencial de riesgo para la salud, porque ven señales en sus cuerpos, en las enfermedades que se hacen cada vez más recurrentes en sus comunidades e, inclusive, en el modo en que se ven afectadas la flora y la fauna de la zona. No obstante, no es fácil establecer una causalidad directa entre el cáncer u otras enfermedades graves y la exposición docente a las fumigaciones», remarca.
Y apunta «en la actualidad integro un proyecto de investigación multidisciplinar (ver recuadro) que está intentando responder de manera más certera a esta pregunta, aunque sigo pensando que sólo el Estado tiene la capacidad de producir la información epidemiológica que necesitamos para entender bien los riesgos. Pero ni en el presente ni en el pasado reciente han existido gobiernos provinciales ni nacionales que se interesaran por producir esa clase de información: más bien, todo lo contrario”.
La lógica del modelo
El trabajo de Caisso en cada población rural registró “choques” entre quienes se benefician con el actual modelo de producción, basado en el uso de fertilizantes, herbicidas, insecticidas y fungicidas, y quienes son víctimas directas del agronegocio.
“Las dinámicas sociales de las ciudades y pueblos pequeños se prestan mucho menos a la confrontación política y a la beligerancia abierta, porque quien se expone a realizar una denuncia muy posiblemente se esté enfrentando a quien es su vecino o a alguien con quien tiene algún tipo de vínculo personal o laboral más o menos directo. Sin embargo, no creo que estos temores sean constitutivos de las comunidades rurales: quienes vivimos en ciudades grandes también muchas veces callamos o nos mostramos pasivos ante situaciones de opresión o de injusticia de las que somos testigos o víctimas”.
Caisso destaca que en la actualidad los y las docentes rurales saben más sobre la problemática de lo que conocían hace unos años atrás cuando sólo voces como la de Zabaloy o el científico Andrés Carrasco se atrevían a cuestionar el modelo transgénico denunciando su costo humano. Al mismo tiempo, quienes realizan tareas de fumigación en los entornos escolares rurales y quienes los supervisan (generalmente, los ingenieros agrónomos) también toman más recaudos que en el pasado. Sin embargo, advierte que ninguna de las medidas de “resguardo” es suficiente.
“En primer lugar –afirma– porque los agroquímicos persisten en el ambiente por muchas horas y sus derivas no se evitan por completo observando la dirección del viento. En segundo lugar, porque, como me dijo una vez un fumigador, ´si vas a jugar con barro, por mucho que te cuides, seguro que te vas a ensuciar´. La lógica de producción de cultivos transgénicos implica que se fumigue todo al mismo tiempo, por lo que los fumigadores trabajan a destajo: a veces fumigan desde la mañana hasta la noche para cumplir con sus compromisos laborales. El problema, por lo tanto, no es la conciencia ambiental de quien maneja la máquina fumigadora, sino la lógica productiva que guía al modelo agrícola”.
Un estudio inédito sobre la salud de docentes fumigados
El próximo 7 de noviembre se presentará en Rosario los resultados del estudio interdisciplinario a cargo del equipo coordinado por las investigadoras Lucía Caisso y Delia Aiasso, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, destinado a conocer los riesgos a los que están expuestos quienes trabajan dando clases en escuelas rurales de la región y cómo eso afecta su salud.
El trabajo consistió, entre otras pruebas, en la toma de muestras de saliva a docentes de escuelas de Villa Amelia, Monte Flores e Ibarlucea, que trabajan en entornos sujetos a fumigaciones periódicas con agroquímicos.
“Es la primera vez que en Rosario tenemos una entidad como el Conicet, que acompañe y que realice todo un proceso de investigación para comprobar cuáles son los condicionantes ambientales y su impacto en la salud de las y los trabajadores”, destacó la secretaria adjunta de Amsafé Rosario, Gabriela Meglio, que intervino en la campaña.
