En la puerta de la estación Emilio Mitre de la línea E del subte un cartel luminoso avisaba: “Servicio limitado”. Junto a los molinetes, uno de cartón, con fondo rojo, avanzaba: “Servicio con demora”. Nadie supo responder el motivo. Tal vez fuera el mismo que también aquejaba a la línea A en ese preciso instante.
A menos de 200 metros del ingreso a la estación, en el Centro Cultural Adán Buenosayres, en el corazón del Parque Chacabuco, debajo de la autopista, se realizaba el “tratamiento de la tarifa técnica y del cuadro tarifario para la explotación del Servicio Subte”, en una convocatoria que incluía a legisladores, defensores oficiales, comuneros, al público y puntualmente a “testigos y expertos”. Una Audiencia pública que el gobierno de la Ciudad tiene la obligación de llamar, pero que esta herramienta es de carácter consultivo y no vinculante como se encargaron de recordar uno y otro de los disertantes. Un factor clave: a partir del mediodía, cuando comenzó la audiencia, los discursos eran más o menos encendidos, con la característica de que la enorme mayoría apuntaron a la gestión de la administración porteña central y también contra la Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE).
La sala del Auditorio Islas Malvinas estaba cubierta en un tercio de su capacidad de 300 personas que se renovaban continuamente. En el escenario, Alejandro Ameijenda, presidente del Ente Único Regulador de la Ciudad permitía mucho más de los cinco minutos acordado para cada orador. Uno de los primeros fue el Defensor del Pueblo de la ciudad, Alejandro Amor, quien no sólo se mostró crítico con el aumento de la tarifa sino que reclamó un aumento de la frecuencia de los servicios y una ampliación horaria.
Justamente, el aumento de la tarifa de subte que está previsto va desde los $12,50 actuales hasta los $16,50 en cuatro meses, tal como se detalla en el esquema propuesto por SBASE: un peso mensual a partir de noviembre. Para el caso del Premetro proponen un incremento de $0,50 por mes hasta llevar el pasaje a los $6. La concesionario asegura que el incremento “responde a la variación de la tarifa técnica que refleja el costo de la explotación del servicio”. Uno de sus funcionarios, al inaugurar el debate, aseguró que la “tarifa de $12.50 corresponde a la tarifa técnica 2017 y, actualizada a 2018, es de $19.20”, aunque también destacó que con este aumento “contribuye a la política de reducción de subsidios”.
Justamente Gabriel Fucks, defensor adjunto de la CABA, lo interpeló al destacar que con la actual administración “las tarifas aumentaron un 1000 por ciento y también aumentaron los subsidios, lo que representa una gran contradicción”. Aseguró que en todas las ciudades del mundo, los subtes están en manos de empresas nacionales y que eso no ocurriría en la de Buenos Aires, si, como está previsto se produce una licitación internacional para cuando se venza el contrato con las actuales empresas consecionarias. “Invito a reflexionar a las autoridades por los dolores de cabeza que nos pueden traer una licitación internacional”, dijo. Finalmente destacó el valor de la audiencia: “Siempre son buenas. Aunque en algunas se haya dada vuelta los incrementos tarifarios y en éstas, no vinculantes, difícilmente suceda”.
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Luego, varios de los trabajadores y representantes de los Metrodelegados recordaron el episodio de los vagones que habían sido incorporados a la línea B, comprados a España y que debieron ser retirados por poseer material cancerígeno. Por su lado, Enrique Rossito, secretario de prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) arremetió contra el aumento y puntualizó la falta de diálogo con las autoridades a las que les exigió una urgente convocatoria.
Por su parte, José Cruz Campagnoli, legislador de la ciudad por Nuevo Encuentro, señaló enfáticamente que “el gobierno que aumenta las tarifas apunta a los salarios de los trabajadores y va a contramano de lo que dice que pretende”. Explicó que el aumento de los pasajes es otro factor que apunta a “que el subte sea cada vez más chico” en contraposición con lo que ocurre en otras ciudades de la región, y mencionó las de Santiago o Caracas, entre otras. Y acusó a los funcionarios que promueven “una audiencia que no es escuchada”.
Luego llegó el turno de los discursos de muchos de los usuarios de subte que continuaron la misma dirección de fuertes críticas a la administración estatal y en contra de los aumentos tarifarios, que exceden ciertamente a los pasajes del subte, o del transporte de pasajeros, en general.