Legisladores nacionales y provinciales del Frente para La Victoria-PJ junto a representantes de la Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines de La Matanza, la Coalición por una Comunicación Democrática y otras redes de medios comenzaron a articular diferentes acciones para repudiar, visibilizar y generar alternativas frente al sorpresivo y sumarísimo allanamiento y decomiso de equipos por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a dos radios alternativas de La Matanza y Merlo, que incluyó el traslado y la demora en la delegación Morón de la Policía Federal de los titulares de ambas emisoras y otro periodista radial, con la apertura de una causa penal al menos a uno de ellos.
La medida se originó a raíz de presuntas interferencias en las frecuencias de aeronavegación por parte de las radios, pero según supo Tiempo, por una parte las emisoras abordaron las modificaciones técnicas requeridas para solucionar el presunto inconveniente, mientras que el Enacom decidió poner en acción dos resoluciones, de diciembre de 2016 y de abril de 2017, que modifican de hecho el espíritu y los procedimientos de uno de los artículos aún vigentes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el 162, para las emisoras sumariadas y declaradas ilegales.
Así, las consecuencias de los cambios normativos dispuestos por el gobierno nacional a través del Enacom en materia audiovisual y de telecomunicaciones también se hacen sentir en las emisoras del Conurbano bonaerense, que padecen la crónica deuda incumplida de la elaboración de un plan técnico de asignación de frecuencias por parte del Estado, y que ahora suman el accionar de procedimientos sumarísimos que incluyen no sólo el decomiso de equipos, sino también el traslado y la demora en comisarías de los dueños, con causa judicial penal incluida.
Como anticipó Tiempo, este jueves, integrantes de Ucaya y la CCD, junto a los titulares de las radios allanadas y decomisadas, Ariel Montes, de Radio M FM 104.1 de Virrey del Pino, partido de La Matanza, así como Néstor Huisi, de FM Fórmula 87.7, ubicada en Agustín Ferrari, Merlo, mantuvieron una reunión en San Justo, en un auditorio cedido por la Universidad Nacional de La Matanza para esta ocasión.
Allí se analizó la situación y se acordó establecer cuatro líneas de acción prioritarias. En primer lugar, Ucaya solicitará una reunión al Enacom para solicitar explicaciones y respuestas por los allanamientos, decomisos y demoras policiales a los titulares de las emisoras. Por otra parte, decidieron avalar y apoyar el proyecto de declaración de repudio presentado este miércoles en la Cámara Alta bonarense por los legisladores Daniel Barrera y Mónica Macha, del bloque FpV-PJ, para que el Senado de la Provincia de Buenos Aires declare su repudio y preocupación ante la decisión del Enacom de decomisar los equipos de ambas emisoras, en una muestra más de la política de cercenamiento del derecho a la comunicación que se está impulsando desde el gobierno del Presidente Mauricio Macri. También, el proyecto propone repudiar enfáticamente la decisión policial de demorar de manera arbitraria e irregular al titular de Radio M luego del operativo de decomiso. Además, fuentes del Senado bonaerense confirmaron a Tiempo que este jueves legisladores de la oposición también presentaron otro proyecto que protege y fomenta los medios comunitarios de la Provincia, entre ellos Macha, Barrera y ocho senadores y senadoras más del bloque FpV-PJ. Por otra parte, Ucaya resolvió conseguir asesoramiento letrado y patrocinio legal para los titulares de las radios decomisadas que fueron demorados por la PF, con al menos uno de ellos con causa penal abierta, además de abrir instancias de visibilización de la situación.
Mientras tanto, la decisión de Enacom generó que en la Cámara de Diputados de la Nación los legisladores del bloque FpV-PJ presentaran otro proyecto de repudio. Este jueves Liliana Mazure, junto a sus pares de bloque Cristina Álvarez Rodríguez, Máximo Kirchner, Carlos Castagneto, María Emilia Soria, María Fernanda Raverta, Juan Cabandié, Adrián Grana, Marcos Cleri y Daniela Castro repudiaron el dictado y puesta en ejecución de las resoluciones de Enacom 9435 y 2064 cuyos protocolos de ejecución incumplen con lo dispuesto con el artículo 162 de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esos procedimientos, expresaron los diputados y diputadas nacionales están agravados por la criminalización del ejercicio de la libre expresión, con avasallamiento de derechos constitucionales, mientras el Poder Ejecutivo sigue en mora con los planes técnicos y concursos para la normalización del espectro determinados por la ley audiovisual, recordaron.
