La detención preventiva de tres gendarmes acusados de asesinar con tiros en la espalda a Facundo Scalzo, un joven de 20 años del barrio Rivadavia, en el Bajo Flores, es el último y más extremo ejemplo de una costumbre que parece arraigada en muchos miembros de las fuerzas de seguridad. Desde el comienzo de la nueva gestión, en diciembre de 2019, hasta fines de mayo, hubo 380 intervenciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en casos de violencia institucional. De ese total, el 70% se produjo durante el período de aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por la pandemia de Covid-19, es decir que la cuarentena fomentó los abusos y derivó en un sustantivo aumento de la cantidad de denuncias. Los funcionarios miran con preocupación estas cifras, aunque destacan que, además de las acciones que se tomaron, la condena pública de estos hechos ilegales le quitaron el aval que supo darle la administración de Cambiemos.
“Venimos de un piso muy bajo, donde durante cuatro años la habilitación política de violar los Derechos Humanos en manos de la fuerza fue muy fuerte”, explica a Tiempo el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti. “Somos un gobierno –insiste– que jamás vamos a recibir a alguien que mate por la espalda, pero sí vamos a recibir a los familiares de las víctimas, y acompañar para que no haya impunidad y sí haya justicia”.
Por nombrar sólo algunos de los hechos gravísimos que sucedieron en las últimas semanas, en el asesinato de Luis Espinoza, la delegación tucumana de la Secretaría acompañó a la familia, participó del operativo en el que finalmente apareció el cuerpo y promovió la separación de los policías responsables. En el caso del ataque contra una familia qom en Fontana, Chaco, apoyó la decisión de separar a los agentes que golpearon y cometieron abusos en perjuicio de cuatro jóvenes –una menor de edad–, a la vez que celebró que el gobierno provincial se haya presentado como querellante en la causa judicial. Con respecto a Florencia Morales y Franco Maranguello, muertos en dos comisarías de San Luis, los funcionarios nacionales remitieron notas a los juzgados correspondientes, manifestando interés por la resolución de la investigación.
Pietragalla destaca que «la primera regla ordenadora para que no haya impunidad es la sanción, eso ayuda a que no vuelva a suceder. La sanción política y penal es fundamental”.
Sin aval político
Los actuales funcionarios de la Secretaría aseguran que al asumir encontraron “el área desmantelada y con poco personal”. Sin embargo, el contexto de pandemia elevó el número de hechos de abuso policial o violencia institucional, obligando a dar una respuesta. Así, se lanzó un operativo de recepción de denuncias por correo electrónico, 0800 y vía WhatsApp que, si bien aún falta un relevamiento estadístico riguroso, sirvió para identificar una tendencia: las cinco provincias que aportan más denuncias son Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Chubut. En el caso de esta última, se detectó que no se trataba de abusos aislados, sino de una práctica extendida en el contexto de la cuarentena, por lo que la Secretaría presentó un hábeas corpus colectivo ante la Justicia de Chubut “en favor de todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia, por los graves hechos que se vienen denunciando a partir de la aplicación del Decreto N°297/2020 por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia, avaladas expresa o tácitamente por las autoridades políticas”.
Desde la Secretaría destacan que, junto al Ministerio de Seguridad, se está trabajando en la formación de las fuerzas, y que la primera etapa estará dirigida a funcionarios y altos mandos de las fuerzas policiales de todas las provincias.
«Es importante entender –concluye Pietragalla– que estas políticas no son contra las fuerzas de seguridad. Lo que pasó es que muchos de sus miembros que se sintieron habilitados por otra conducción política, hoy tienen que rendir cuentas ante la Justicia. La diferencia entre antes y ahora es que ahora no existe el aval político para que estos hechos sucedan”.
