Es la primera vez desde el 2001 que la Argentina vive tres años de caída económica y, si bien este dato ya lo sabíamos desde antes de la pandemia, el Covid 19 y su consecuente cuarentena se desarrolló en nuestro país atravesado por la crisis económica nacional y la pobreza estructural regional.
Esta pobreza estructural se profundizó durante la pandemia. Según informó esta semana el Indec, más de 4 de cada 10 personas argentinas es pobre. A su vez, dicha pobreza se encuentra feminizada. En nuestro país, 7 de cada 10 personas del grupo poblacional de menores ingresos son mujeres. Este es un dato central a la hora de pensar políticas que busquen no sólo achicar la brecha de género sino también mejorar los preocupantes índices de pobreza.
En este sentido, la política del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue necesaria para mitigar los efectos del freno en la economía productiva para los sectores que viven con el peso justo. Vale celebrar que fue la primera política pública pensada específicamente para la situación de las trabajadoras de casas particulares, sobrerrepresentadas en la pobreza y quienes encarnan cerca de 1 de cada 5 trabajadoras de nuestro país.
Sin embargo, no vemos en el Presupuesto de 2021 presentado en el Congreso la continuación de este tipo de políticas que se podrían haber transformado en una especie de Ingreso Básico para los grupos poblacionales más vulnerados económicamente e incluso no hay confirmación sobre la existencia de un cuarto pago de IFE. De acá se deriva el IFE como política de urgencia, que sirvió para el problema coyuntural de la cuarentena más estricta, pero no busca ser una solución de fondo para esta desigualdad.
Lamentablemente, los 3 pagos de 10 mil pesos de IFE que se cobraron cada 2 meses tampoco alcanzaron para resolver los problemas que trajo la pandemia. En este sentido, la desigualdad de ingresos se vio profundizada durante la cuarentena y según los últimos datos del Indec, el grupo poblacional más rico, mayoritariamente masculino, pasó de concentrar 16 veces lo que tiene el grupo poblacional de menores ingresos, mayoritariamente femenino, a concentrar 19 veces lo que tiene el grupo de menores ingresos. Dicho fácil: los ricos se hicieron más ricos y las pobres más pobres.
No hay duda de que estamos ante una emergencia económica, acá y en todo el mundo, y que la misma nos golpea cuando ya estábamos caídos. Pero no debemos olvidar que precisamente las crisis económicas tienen impactos diferenciados en términos de género. La perspectiva feminista no es una cuestión a postergar para cuando estemos en el ideal de desarrollo económico, sino una herramienta política que ofrece soluciones profundas y estructurales y que nos puede conducir, cabalmente, al desarrollo que necesitamos.
Si bien celebramos los avances en las estadísticas públicas en términos de género, el decreto por el cupo laboral travesti y trans y el programa “Acompañar” como políticas concretas afirmativas en términos de género, seguimos luchando por una de las banderas centrales de la economía feminista: el sistema integral de cuidados. Es esta una herramienta que nos sirve para pensar al desarrollo económico y a la macroeconomía en clave feminista e inclusiva.
Según los datos publicados por la Dirección de Economía, Igualdad y Género, con una metodología conservadora que busca un cálculo de mínima, el aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado alcanza el 15,9% del PBI configurándose como un sector estratégico nacional. Es a este sector que hay que motorizar y vemos con preocupación que el Presupuesto 2021 se ancla en la obra pública, cuando sabemos que la construcción es un sector típicamente masculinizado.
A su vez, la cuarentena incrementó los trabajos de cuidados dentro de los hogares y se evidenciaron los límites de dejar estas tareas a la posibilidad concreta de las familias. Varios estudios demuestran que destinar gasto público al cuidado puede plantearse como una inversión en capital humano que al mismo tiempo tiene un impacto más que positivo no sólo en la reducción de la desigualdad de género, sino también en la generación de empleo, en la recaudación impositiva, en la actividad económica y en la reducción de la pobreza de ingresos y de tiempos. Además de fomentar la profesionalización de sectores vulnerados funciona económicamente como una política dinamizadora del mercado interno, generando más demanda agregada.
Es por esto que volvemos a mostrar nuestro compromiso en exigir un desarrollo económico feminista e inclusivo, como acordamos antes de la pandemia, y no lo hacemos sólo por una cuestión de derechos humanos sino también porque son estos momentos cuando tenemos que establecer qué desarrollo económico vamos a motorizar para poner a la Argentina de pie. Como economistas, sabemos que el mundo no se maneja con intenciones, sino con partidas presupuestarias y es en este sentido que necesitamos partidas destinadas a profesionalizar el trabajo de casi un quinto de las trabajadoras de nuestro país.
