La andanada de reformas impulsadas por el gobierno nacional alteró el cronograma legislativo, obligando a suspender sesiones en diversas comisiones, y muchas iniciativas quedaron fuera de las prioridades del oficialismo. Entre ellas, el proyecto de la nueva Ley de VIH, Hepatitis Virales e ITS (infecciones de transmisión sexual), que el 13 de junio pasado había tenido dictamen favorable de la Comisión de Acción Social y Salud Pública en Diputados, pero que quedó frenado y ahora perdería estado parlamentario. En concreto, las organizaciones que forman el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH ya fueron notificadas desde el Congreso de que los legisladores no darán tratamiento al proyecto antes del jueves 30 de noviembre, cuando concluyen las sesiones ordinarias.
Es un hecho, entonces, que las comisiones de Salud, Legislación General y Presupuesto y Hacienda no pondrán en discusión la iniciativa. «Como nos notificaron que los legisladores tienen que abocarse al tratamiento de la reforma laboral, nuestro proyecto volverá a foja cero. Esto nos indica que no hay voluntad política de tener una ley actualizada y eficiente. Es gravísimo pues hay numerosas personas en fases avanzadas de hepatitis C que están esperando por sus tratamientos y el Congreso no está dando prioridad a salvar estas vidas», señaló José María Di Bello, secretario de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), una de las organizaciones que impulsa la actualización de la Ley de VIH/Sida vigente, que data de 1990.
El proyecto, surgido del trabajo colectivo que durante tres años encararon organizaciones de la sociedad civil que trabajan en VIH y hepatitis junto con instituciones científicas y organismos provinciales, nacionales e internacionales como la OPS y ONUSIDA, incorpora una perspectiva de Derechos Humanos en la prevención y los tratamientos; contempla a los niños, niñas y adolescentes nacidos con VIH; prevé sanciones ante la discriminación en el acceso al empleo; y garantiza la conformación de un observatorio contra el estigma que aún afecta a las personas con VIH (aproximadamente unas 120 mil en el país, 30% de las cuales ignora su diagnóstico). También incluye las heptatitis virales y otras ITS, que no cuentan con un marco normativo.
