El Alto Valle del Río Negro ya no es solamente la principal área de producción de peras y manzanas del país, ahora también es el epicentro de la resistencia al fracking. El mes pasado, los vecinos de Fernández Oro lograron que su Concejo Deliberante sancionara una ordenanza para suspender la exploración en un pozo ubicado a pocos metros de sus casas y lindero al principal río que alimenta la ciudad, pero saben que el gobierno provincial ya intercedió en otros casos a favor de las petroleras. Desde 2013 son 17 los municipios que se han declarado libres de fracking en la llamada «cola de Vaca Muerta» por el pasivo ambiental que genera la técnica extractiva y las consecuencias sobre la salud de sus habitantes.

«El año pasado nos enteramos por la página de Facebook del Municipio que se había realizado una reunión en el Concejo Deliberante con representantes de YSUR, subsidiaria de YPF en la zona y gran causante de derrames en la ciudad vecina de Allen. En seguida empezamos una campaña para juntar firmas y sacar la ordenanza», cuenta a Tiempo Diego Jarlip, referente  del grupo de vecinos autoconvocados de Fernández Oro. La ordenanza no llegó a sancionarse en 2016 y las obras empezaron, pero la indignación creció.

«El pozo está a 100 metros de las casas. Se escuchan los ruidos de la exploración y tienen las luces prendidas las 24 horas, lo que atrae la carpocapsa (plaga principal de los árboles frutales que se cultivan en la zona). Encima, está ubicado en la vera del río con el enorme riesgo sobre la contaminación», añade Jarlip.

«El intendente Mariano Lavin dice que puede haber una convivencia con controles, pero el que debería controlar es el Departamento Provincial de Agua, que responde al Ejecutivo que autorizó la exploración; y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro, a cargo de Dina Migani, que tiene una empresa en Fernández Oro (Quinpe SRL) que provee químicos para la industria petrolera», precisa.

«Somos una localidad y provincia que tenemos el valle más importante bajo riego artificial y ahora vivimos con incertidumbre por nuestra matriz productiva», añade Christian Artero, concejal del Frente para la Victoria en Fernández Oro. «Y será una pelea difícil porque desde el Estado Provincial tenemos un gobernador (Alberto Weretilneck) que financió su campaña política con la  renegociación de los contratos petroleros», explica el hombre que es quinta generación de productores frutícolas en la zona y convive hoy en día con un pozo a 300 metros de su hogar. Su  gestión fue una de las que posibilitó que este año la ordenanza no vuelva a frustrarse.

 El fracking y sus consecuencias

«El sistema de fractura hidráulica consiste en inyectar agua a alta presión para romper la caliza a más de 3000 metros de profundidad. El 80% del agua luego se recupera y vuelve a la superficie con metales pesados y sales. El tema es sanear esa agua y hasta el momento no hay bibliografía que demuestre que el 100% de esa agua se pueda sanear», señala Víctor de Petris, licenciado en Saneamiento y Protección Ambiental.

El riesgo no parece muy lejano: cada uno de estos pozos usa hasta 30 millones de litros de agua y, en octubre del año pasado, un derrame de 240 mil litros en Allen (ubicado a 9 km de distancia) causó la muerte de animales, árboles frutales y hubo hectáreas de tierra dañada.

«Los derrames de efluentes con metales pesados también pueden afectar a la población», advierte De Petris. «No se ven en el momento, pero provoca mutación en los genes que recién percibirán las nuevas generaciones y también tiene consecuencias cancerígenas», advierte. En su informe sobre externalidades del Megaproyecto Vaca Muerta, el Observatorio Petrolero Sur (OPSur) menciona un informe de 2016 de la Agencia de Protección Ambiental de EE UU, país en el que el método de fracking tiene ya una más larga trayectoria.

Allí mencionan que «se han constatado casos de cáncer, problemas respiratorios, daños cerebrales, desórdenes neurológicos, hipersensibilidad a químicos, debido principalmente a la contaminación del agua y del aire. El mismo estudio confirmó que en la localidad tejana de Dish, rodeada de pozos, el 61 % de las enfermedades registradas estaban asociadas a los contaminantes empleados por el fracking.»

Tras el derrame en Allen, explica Jarlip, Ysur decidió tratar de borrar su nombre de la exploración en Fernández Oro para evitar el marketing negativo. «Contrató a Mirasal como prestadora de servicios y, justamente, esa empresa resultó la principal aportante de dinero para la fiesta del aniversario de Fernández Oro, el 19 de mayo pasado», recuerda. «Mientras ellos se ufanaban por auspiciar el festejo, nosotros aprovechábamos los eventos para juntar firmas contra el fracking», cuenta con sorna.

La herida abierta de Allen

Lo sucedido en Allen está en la memoria de todos porque, además, fue la ciudad donde se expresó más claramente la puja de intereses. En 2013, tras masivas movilizaciones de los y las vecinas, se aprobó una ordenanza que prohibía el fracking en el éjido municipal. El Ejecutivo provincial presentó un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia y este la declaró inconstitucional, alegando que el dominio sobre los hidrocarburos es de potestad de la provincia.

Entonces volvieron con todo. Según releva OPSur, en la Estación Fernández Oro (EFO), como se denomina a la zona que incluye tanto a la ciudad homónima como a Allen, se concentra casi la mitad de la producción de gas de la provincia de Río Negro. En 2013 había 60 pozos perforados en busca de tight gas, 131 en 2014, 230 en 2015 y se calcula que a fines del año pasado ya había más de 300.

«Lo que está pasando es que se abren sectores y áreas que hoy se pueden explotar y antes no. Y esto está vinculado con Vaca Muerta y la caída del precio internacional del petróleo», comenta a Tiempo Fernando Cabrera de OPSur. «Entonces los equipos que vinieron para hacer no convencionales o fractura hidráulica revén la lógica de negocio y enfocan ya no en shale oil, sino en tight gas, que viene de otras capas geológicas de más fácil exploración y en donde el cálculo costo-beneficio les da mejores resultados», añade.

«El caballito de batalla de quienes promueven este desarrollo es que esto traerá beneficios económicos para la región, generando empleo en un momento de crisis frutícola», contextualiza Artero, el concejal del FpV en Fernández Oro. «Pero es mentira, porque en la Patagonia está lleno de petroleros sin trabajo. Entonces no van a contratar gente de mi pueblo. Acá no tributan impuestos ni compran un clavo y el cálculo prejuicios vs beneficios es muy claro”. «

Una amenaza nuclear

«En el verano hubo sequía, los ríos estaban bajos y teníamos problemas de la contaminación por efluentes. Salimos de eso y vino el fracking y ahora la energía atómica”, resume Víctor de Petris, vecino de Fernández Oro y licenciado en Saneamiento y Protección Ambiental. Se refiere al anunció que realizó el presidente de la Nación, Mauricio Macri, durante su último viaje a China en mayo pasado. Allí, junto al gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck, firmó un acuerdo para que el gigante asiático se haga cargo de la construcción de una nueva planta nuclear en la provincia. El hecho despertó la alerta en sus habitantes.

Historia de una resistencia inspirada en Fidel Castro

En el principio de todo está Fidel. Según reconstruye el Observatorio Petrolero Sur (OPSur), el primer municipio en prohibir el fracking fue Cinco Saltos, en Neuquén, en 2012. José Pincho Chandía, militante del Partido Comunista de Cinco Saltos, leyó un artículo de Fidel Castro donde el líder revolucionario caracterizaba a las nuevas técnicas de extracción de hidrocarburos en Estados Unidos como “la marcha hacia el abismo” y decidió intervenir.

El barbudo cubano decía que “el legado de la naturaleza, generado en cientos de miles de millones de años, es desperdiciado en menos de dos siglos” y su inspiración llevó a la ordenanza. Esa idea comenzó a regarse por todo el país y distintas comunas se organizaron en asambleas de vecinos y junto a organizaciones sociales, ambientales y partidos políticos siguieron su ejemplo.

Allen, en Río Negro, fue una de ellas. Sin embargo allí se encontraron con la resistencia del gobernador Alberto Weretilneck, que apeló al Superior Tribunal de Justicia de la provincia y este la declaró inconstitucional. Tal como recogen Martín Álvarez y Felipe Gutiérrez, de OPSur, “si bien este hecho sentó un precedente, desde los municipios se sigue reclamando su potestad para legislar garantizando el derecho al acceso y goce de la población de un ambiente sano invocando el artículo 41 de la Constitución Nacional”.

Diego Jarlip, uno de los vecinos promotores de la Ordenanza en Fernández Oro, no se da por vencido con ese antecedente. “En estas provincias se vive un sistema casi feudal o caudillista. Entonces nosotros nos declaramos libres de fracking sabiendo que el gobernador va a presentar un recurso al Supremo Tribunal de Justicia diciendo que el suelo es su potestad. Entonces seguiremos con órdenes restrictivas: prohibimos exploración a menos de 5 metros del ejido, pedimos que no esté la luz prendida todo el tiempo por la carpocapsa, que no circulen materiales radioactivos por la ciudad, etc”. Los vecinos tienen su historia y toda la vida para insistir. Es su pueblo el que está en juego.