La Justicia absolvió este jueves a los artesanos que habían sido detenidos y procesados durante la represión que se desató en la feria de la calle Defensa, en San Telmo. Se realizó una audiencia de planteos de acepciones en el juzgado de la calle Tacuarí 138 donde se tuvo por acreditada la inocencia de las trece personas que resultaron víctimas de la violencia policial el 10 de marzo pasado.

“Estuvimos en grupo afuera del juzgado para hace el aguante a nuestros compañeros. Mucha gente se sumó y nos brindó acompañamiento. Estuvimos casi dos horas esperando la resolución del juez”, cuenta a Tiempo Asunción Prado, miembro de la agrupación Artesanos Unidos. Y agrega: “La fiscal fue la responsable de la represión que sufrimos solo por proteger nuestro espacio de trabajo. Nos inventó una causa y nos criminalizó. Pero todas sus acusaciones fueron desestimadas por la Justicia al tratarse de una nueva causa armada”.

El juez declaró nula la investigación de la fiscal Celsa Ramírez tras comprobarse una serie de irregularidades. Ramírez había solicitado la elevación a juicio oral y público de 13 personas sin explicar en el expediente que delito cometió cada una de ellas. Además, la fiscal no tiene competencia en el territorio que procedió, por lo cual no está facultada para ejercer sus funciones donde ocurrieron los hechos. Ramírez puede trabajar en Capital sur y esto fue en la zona este, no tiene jurisdicción.

La defensa de los imputados planteó una tipicidad del evento en cuestión, es decir, que cada delito es una acción típica castigada por la Ley penal. Y que la imputación que realizó la fiscal por resistencia a la autoridad agravada -por haber puesto mano sobre el personal policial- es improcedente. Se pudo comprobar por lo plasmado en la causa y las pruebas aportadas por la fiscal, que los artesanos no cometieron ningún delito.

También se cuestionó la participación que tuvo cada una de las personas en los hechos acontecidos. La fiscal no pudo ubicar, ni explicar, qué función cumplió cada persona en la escena. Fue por todo esto que el titular del juzgado de la calle Tacuarí decidió dictar el sobreseimiento a las trece personas que habían sido imputadas injustamente. Además, de haber recibido golpes y gases lacrimógenos.

Ramírez, en la acusación que formuló nombró a todas las personas pero no explicó el rol especifico que protagonizó cada una. Ella sostenía que todos los imputados les tiraron piedras a la policía. Esta indeterminación de los hechos ocurridos fue otro causal que derrumbó la estrategia.

Cabe destacar que aquel 10 de marzo, sin ninguna justificación, la Policía de la Ciudad desató un violento episodio en un espacio donde lo único que circulaba era arte y cultura. Con sus escudos y palos golpearon a los artesanos, turistas y vecinos del lugar. Varias de las personas que sufrieron la represión policial quedaron muy traumadas y otras con lesiones graves en sus cuerpos.