A pocas horas de celebrarse el Día de las Infancias en nuestro país, el abandono y la desidia del Estado porteño en niñas y niñas no es una sensación, y la comunidad educativa es uno de los sectores más castigados. Esta semana se conoció el caso de la menor de 11 años que se descompensó en una escuela de Barracas y que falleció este lunes. Una historia de vida llena de vulneraciones, el llamado de urgencia al SAME y una ambulancia que nunca llegó; la mala alimentación de los estudiantes con viandas escolares reducidas en cantidad y de baja calidad; el cierre de hogares en CABA por falta de recursos y presupuesto; y la violencia física y psicológica contra chicos y chicas en manos de la directora de una escuela de Retiro, entre los hechos más conocidos. Las familias piden mayor acompañamiento de la oposición en la Legislatura porteña, que se sumen al reclamo y acompañen el pedido de la comunidad educativa.

El 1 de julio Tiempo sacó a la luz una ola de agresiones físicas, psicológicas y el constante amedrentamiento que sufren estudiantes y docentes de la Escuela Primaria Común Nº 25 Bandera Argentina de Retiro, más conocida como “La Banderita”. Los hechos, según denunciaron, son perpetrados por la directora del lugar, Mónica Casalini, acusada de golpear a los estudiantes que integran una de las comunidades educativas más vulnerables. La acusada, sostuvieron, golpeó fuertemente a un chico de 10 años que estuvo desaparecido varias horas luego de haber escapado de la escuela, tras ser amenazado con ser internado; también golpeó e internó a dos hermanitos en un instituto de menores que vivían con su abuela, y que los vecinos lograron que vuelvan a su casa; insulta a las familias y les prohíbe el ingreso a la escuela en los actos oficiales. Por estos hechos, las familias se movilizaron exigiendo la renuncia de Casalini y que la ministra Soledad Acuña la remueva de su cargo.

A casi dos meses de que estos graves hechos salieran a la luz, Casalini sigue en su lugar con un apoyo manifiesto de la propia ministra Acuña que visitó la escuela de la Villa 31 y se sacó fotos con la acusada. Este viernes las familias volvieron a movilizarse para exigir la renuncia de Casalini, y pidieron que toda la comunidad educativa se sume a este reclamo al igual que los diferentes espacios políticos de la oposición.

“Ya estamos cansadas de esta señora que se cree que puede andar golpeando a nuestros hijos cuando se le cante. La queremos presa, pero antes que la aparten de su cargo porque esto no da para más”, exclama a Tiempo Norma, que lleva a sus dos hijos de 8 y 11 años a La Banderita. Las familias afirman que Casalini provoca constantemente a la comunidad educativa y está buscando que “todo explote, no podemos seguir dejando a nuestros hijos en este lugar si esta señora sigue como directora. No le pedimos, le exigimos a Soledad Acuña que la renuncie”, agrega.

Como lo denunció la comunidad educativa en reiteradas ocasiones, la directora de La Banderita cuenta con protección política. La propia Casalini hace alarde de esa situación frente a familias, docentes y estudiantes, gritando que nadie la mueve de ahí porque tiene amigos en el ministerio de Educación. Pero la agresión no es solo contra niños, niñas y las familias, también persigue a maestras y ejerce violencia psicológica: “Después de varias denuncias Casalini sigue estando en el cargo. Y son muchas las denuncias que tiene no solo administrativas, también policiales y penales”, explica a Tiempo Florencia Diasprotti, maestra y delegada de la Escuela Mugica. La docente recuerda que tras una movilización de las familias donde exigían la renuncia de Casalini, al otro día la Ministra Soledad Acuña se acercó a la escuela y se sacó fotos con la directora acusada. «Más que una señal de apoyo esas fotos son una amenaza de la ministra hacia la comunidad educativa, pero estamos acostumbradas a que el gobierno de la Ciudad no escuche a la comunidad educativa de la Villa 31, que ahora sostiene en su cargo a una directora que golpea a estudiantes y violenta a las familias», suma Diasprotti.

Raquel Saravia, abogada de varios integrantes de la escuela La Banderita que judicializaron la situación, aseguró a Tiempo en su momento que los delitos que varios testigos le atribuyen a la directora Mónica Casalini están contenidos en el artículo 91 del Código Penal, y que “podría recibir una pena que va de los 3 a 10 años de prisión efectiva”. La letrada pide la separación del cargo de Mónica Casalini por torturas psicológicas y violencia agravadas, ya que es la persona encargada de la guarda de los estudiantes.

“Parece una película de terror esto, pero es verdad. Yo tengo a mis tres hijas acá y no voy a permitir que Casalini ni nadie maltrate a mis hijas, ni yo les grito en mi casa y mucho menos les levanto la mano. Queremos que renuncie esta mujer”, señala Lucía, mamá de tres nenas que envía a sus hijas a la escuela. Las familias no se sienten acompañadas por los espacios políticos opositores al gobierno porteño y reclaman mayor apoyo en el pedido de renuncia de Casalini. “En todos lados nos boludean”, cuenta Lucía, cuando vamos al ministerio a denunciar la violencia de Casalini nos atienden psicólogas, como si nosotras fuéramos las locas y no esta mujer que golpea a los pibes”, remata.