“Tengo la suerte de estar entre quienes tienen una casa prestada. Si no, estaría hacinada con otras familias o en la calle con mi hijo de nueve años”, dice Vanina Deluch, de 35 años, cooperativista y militante del MTR Votamos Luchar, una de las organizaciones que se movilizó este miércoles en Guernica, a dos años de la toma y el desalojo que visibilizaron la urgencia habitacional de cientos de familias. Para muchas de ellas, el reclamo sigue vigente y exigen que se cumplan los compromisos asumidos desde el Estado.
“Aquella madrugada del 20 de julio miles de vecines de zonas aledañas ocupamos tierras ociosas en casi 100 hectáreas, con un único propósito; ‘un lugar donde vivir’. En un contexto donde la pandemia por COVID-19 y el aislamiento social preventivo y obligatorio generaban aún más la vulneración al derecho a la permanencia y vida digna en nuestros antiguos hogares, donde el hacinamiento, la violencia y los desalojos de alquileres hacían parte de la vida diaria de todas las personas. El Estado jamás estuvo a la altura de las circunstancias, dando como respuesta un violento desalojo”, denunciaron mediante un comunicado Vecines y Familias de la recuperación de Guernica, integrado por FOL, Frente Darío Santillán Corriente Plurinacional, MULCS (Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social), MTR Votamos Luchar, Barrios de Pie/ Libres del Sur, Polo Obrero y Asamblea Permanente Guernica.
En la movilización que comenzó esta mañana, el principal cuestionamiento apuntaba contra el incumplimiento de los anuncios de agosto del año pasado, cuando el gobierno bonaerense difundió un plan urbanístico que incluía la entrega de 160 viviendas. En mayo de este año, ese compromiso se confirmó: el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, a través del Instituto de la Vivienda, anunció –según consignó entonces la agencia estatal Télam- que las primeras 160 casas que se construirán en la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón, garantizarán el acceso al hábitat a 850 familias. Para ello, se planteó que había un presupuesto oficial de $1.098 millones.
En ese momento, en el acto de apertura de sobres para la construcción de las viviendas, estuvieron el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, el administrador del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez, el subsecretario de Territorio y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Gobierno, Daniel Guastavino, y el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ernesto Selzer. «Los terrenos en los que se llevará adelante la obra son los que fueron tomados durante 2020 en Guernica. A partir de estos hechos, distintos organismos provinciales abordaron la problemática para brindar asistencia integral a las familias que allí se habían instalado», plantearon en un comunicado.
“Al día de hoy no hay nada. Y asumieron ahora nuevamente el compromiso de volver a revisar padrones que ya entregamos. Con todas las prioridades: con personas que sufren violencia de género, que tienen alguna discapacidad. Ahora nos vuelven a pedir que hagamos ese trabajo y hay gente que quieren sacar del listado. Pero no estamos de acuerdo, tiene que cumplirse para todas las personas que estuvieron en la lucha. A nadie le gusta vivir debajo de cuatro palos y un nylon, sin servicio. Nadie lo hace por gusto sino por necesidad. Porque no hay vivienda. En realidad, sí hay y un montón de tierra ociosa, pero no se usa para las demandas populares”, cuestiona Vanina.
La organización en la que milita le había prestado una vivienda para que compartiera con su hijo de nueve años, pero días atrás se incendió. “Se prendió fuego por la precariedad de cables y demás, así que actualmente estoy parando en casa de amigos o en otros lugares, con la mochila a cuestas hasta que podamos solucionar la cuestión. Soy una de las que tiene la suerte de que le prestan un techo. Si no estaría hacinada con familiares o en la calle”, dice la mujer.
Yamila Rodríguez, de 28 años, también fue parte de la recuperación de tierras de 2020, de la que se cumplen dos años. “Ahora vivo de manera hacinada con 12 personas de mi familia, en una sola casa. Tenemos otra familia que post desalojo se quedó a vivir en la misma casa, también de manera hacinada. Una compañera que conocimos en el predio y se quedó con nosotros porque sufría violencia de género. Así que en la casa de mis padres somos 12 de mi familia, más cuatro de la suya”, cuenta.
Es trabajadora social (“una de las graduadas en pandemia”), pero no ejerce por no conseguir empleo. Milita en el Frente de Organizaciones en Lucha y se queja porque “a dos años de la recuperación, ese momento tan visibilizado por los medios, a pesar de las diferentes campañas que ha hecho el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a ninguna de las familias se nos ha entregado ningún lote con servicios y menos las 160 viviendas de las que hablaban”.
