El maltrato se paga. Rubí Duarte trabajó de 2007 a 2012 como telemarketer de un call center tercerizado de la empresa Telefónica de Argentina, en el que sufrió todo tipo de maltratos por su identidad de género y del que la echaron de manera arbitraria. Seis años después, la Cámara Nacional del Trabajo confirmó que la empresa deberá pagarle una indemnización de ley agravada por daño moral. Es el primer fallo laboral por discriminación hacia una trabajadora travesti.
«Fue muy emocionante cuando salió el fallo. Toda la vida tuve que naturalizar tantas cosas que ya no creía que la Justicia iba a estar de mi lado», dice la mujer, que cuando ingresó como vendedora a la empresa Action Line tenía 24 años.
Todo empezó, dice Rubí, con la «discriminación positiva»: «Me miraban diferente, como si fuera una extraterrestre. Pero enseguida pasaron a los chistes. De pronto en una reunión los supervisores me llamaban con mi nombre masculino delante de mis compañeros. Después empezaron a presionarme con que tenía que presentarme como varón con los clientes, cuando en realidad yo decía que llamaba desde Telefónica, simplemente, sin aclarar, y los clientes me trataban como mujer». Rubí, que vive en Morón, hoy está casada y es ama de casa. No volvió a trabajar desde entonces y casi no se anima a salir a la calle sola.
El baño, cuenta, se convirtió muy pronto en un problema. «Como tenía miedo de que me sancionaran por ir al de mujeres y al de varones no quería ir, me aguantaba seis horas sin hacer pis, o aprovechaba el almuerzo para salir a un bar». Faltaban aún cinco años para la sanción de la Ley de Identidad de Género, de 2012, pero ella ya participaba de reuniones con las activistas que la impulsaban. «Yo lo sufría, pero estaba inmovilizada. Era difícil ser la única travesti y temía perder el trabajo. Hasta que empecé a reclamar». Sus compañeros y compañeras la apoyaron. La «solución» que encontró la empresa fue que usara un baño fuera de su sector de trabajo, «para no incomodar ni a las mujeres ni a los varones», le dijeron.
Mientras eso pasaba, Rubí se acercó al Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), pero no encontró sostén: «Me decían ‘qué feo’ lo que pasaba, pero no me ayudaron a hacer una denuncia formal».
Por el «problema» que para la empresa suponía su nombre, la sacaron del sector de atención al cliente y la mandaron a hacer tareas administrativas. Ahí estuvo hasta que en 2012 inició el trámite para obtener el cambio de género. «Se intensificó el maltrato. No me querían cambiar el horario para que pudiera hacerlo y, cuando finalmente lo obtuve, se negaron a cambiar mi nombre en el sistema y en el recibo de sueldo. Fue la peor etapa».
En medio de esa tensión le dijeron que se quedaba sin trabajo porque su sector cerraba; algo que, se demostró luego, no era cierto. «Entré en crisis, tuve un colapso y terminé internada bajo tratamiento psiquiátrico. Empecé una depresión de la que aún no salí, porque perder el trabajo es duro para cualquiera, pero para una persona travesti… Me acordé de la médica que a los 14 años me dijo que me iba a morir a los 30», dice Rubí y se le corta la voz. Cuando unos meses después volvió a trabajar, tenían un acuerdo preparado para su desvinculación que la obligaron a firmar en el SECOSE (Servicio de Conciliación Laboral Optativo para Comercio y Servicios). Pero recién cuando fue a tramitar su seguro de desempleo, se enteró de que no la habían despedido. En términos formales, la suya aparecía como una «baja por incapacidad».
«El nivel de prepotencia y omnipotencia que demostraron es terrible. Y Telefónica no pudo desligarse de la responsabilidad diciendo que era una tercerizada porque se demostró que estaban al tanto de todo», explica el abogado laboralista Nahuel Altieri, que ha llevado varios casos de trabajadores de call center. Destaca que Rubí «era una excelente trabajadora, buena vendedora y muy querida por sus compañeras y compañeros, quienes lo declararon en el juicio».
El fallo de primera instancia, firmado por la jueza Graciela Carambia, había sido apelado por Action Line y por Telefónica, y por eso hubo que esperar la confirmación de la Cámara. Además de la discriminación, «cometieron actos gravísimos como hacerle firmar, bajo presión y mientras estaba en tratamiento psiquiátrico, un acuerdo que se demostró apócrifo. Otro hecho grave: le descontaron el día de trabajo cuando fue a hacerse el nuevo DNI, algo que la Ley de Identidad de Género prohíbe», agrega Altieri.
Lo más paradójico, señala el letrado, fue la actuación del Inadi: «Se inició un expediente previo al judicial y dictaminaron que era un mero descuido que la empresa no hubiese cambiado sus datos en el sistema, además de desconocer todo el tema de los baños y decir que los chistes de los supervisores no eran responsabilidad de la empresa».
«El fallo de primera instancia fue realmente ejemplar: el reconocimiento de la discriminación y la indemnización por daño moral van a servir para encuadrar un montón de otros casos», explica Altieri, convencido de que el de Rubí es el primero de muchos. «
