El martes falleció Álvaro Pio Santillán. Se trata del tercer chofer de la línea 60 de colectivos que muere a causa del coronavirus. El cuerpo de delegados de MONSA y la Línea 60 denunció que, detrás del deceso de Santillán, existe una responsabilidad política y empresarial.

Es que el chofer había estado licenciado desde el inicio de la pandemia por encontrarse encuadrado dentro del personal de riesgo que fuera eximido de tomar tareas desde el primer decreto presidencial que estableció el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Álvaro Pio Santillán tenía 53 años pero sufría de diabetes. Sin embargo se vio obligado a retomar sus tareas a partir de la convocatoria que la empresa le realizó luego de la Resolución conjunta 4/2021 emanada de los ministerios de Salud y Trabajo que, el 9 de abril de este año, autorizó a las patronales a convocar a trabajar a aquellos empleados que, siendo mayores de 60 años o incluidos en los grupos de riesgo definidos por la autoridad sanitaria nacional o empleadas embarazadas “hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas disponibles contra el COVID-19 una vez transcurridos los 14 días de la inoculación».

En ese grupo se encontraba Santillán que además era padre de dos hijos de 20 y 11 años. Según denuncian los representantes sindicales en un comunicado, “en el trabajo se contagió de coronavirus y enfermó de neumonía, falleciendo después de lucharla en una cama del sanatorio Güemes”.

Los propios delegados denuncian que “en la primera semana de abril, y por presión de las cámaras empresarias, el Gobierno Nacional emitió una resolución conjunta de los ministerios de Salud y Trabajo para que las y los trabajadores mayores de 60 años y los grupos de riesgo retomarán sus tareas luego de la primera dosis de la vacuna. Aclaramos que este cuerpo de delegados rechazó dicha resolución y que no obtuvo respuestas”.

Esa misma actitud tomaron otros gremios como La Asociación Bancaria cuya representación legal indicó que la mencionada resolución conjunta 4/2021 debió quedar sin efecto como resultado de los decretos 241/21 y 287/21 que, con fecha posterior del 15 y 30 de abril, explícitamente establecen que “mantiénese, por el plazo previsto en el presente decreto, la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo para las personas alcanzadas por los términos de la Resolución Nº 207/20, prorrogada por la Resolución Nº 296/20, y modificada por la Resolución N° 60/21”.

Además de lo que se deduce por el orden cronológico de las normas mencionadas la supremacía de las segundas sobre la primera se sustenta también en la autoridad de la que emanan. La primera es una resolución ministerial mientras que las segundas resultan de un decreto del propio presidente de la Nación.

Con todo, el propio ministro Claudio Moroni mediante una nota oficial ratificó públicamente el 12 de mayo _ luego de ambos decretos_ la vigencia de la norma que habilitaba a las patronales a suspender las licencias de trabajadores de ese grupo de riesgo que ya hubieran accedido a la primera dosis de la inoculación.

Así las cosas, la compañía MONSA emitió una circular interna dirigida a todos los trabajadores que hacían uso de su licencia y a la que pudo acceder Tiempo Argentino en la que, explícitamente menciona la resolución 4/2021 para convocar a retomar tareas a los trabajadores, intimar a proceder con los tramites de vacunación indicando fecha de tramitación bajo amenaza de, en caso de no hacerlo, renunciar al cobro de los haberes.

El cuerpo de delegados señala que “desde iniciada la pandemia los trabajadores de la Línea 60 aplicamos protocolos propios, presentamos denuncias a todos los ministerios, exigimos reforzar las medidas sanitarias y cortamos puentes -de manera coordinada con otras lineas- exigiendo ser incluidos en el plan de vacunación. Sin embargo, ninguno de los entes responsables dio respuestas a nuestros reclamos”.

Por eso, concluyen, “el fallecimiento de Álvaro Santillán no es una desgracia, es el resultado de una política sanitaria deficiente, que arriesga la salud de las y los trabajadores a costa de la ganancia de los empresarios”.

Al mismo tiempo, y luego de que el ministerio de Transporte emitiera una misiva a la Unión Tranviaria Automotor (UTA) solicitando un listado de trabajadores expuestos al contagio para viabilizar una supuesta prioridad en el plan de vacunación, insisten: “que se apliquen protocolos estrictos, que se dispense al personal de riesgo y que se nos incluya -como ya prometieron y no cumplieron- en los planes de vacunación”.

En diálogo con Tiempo, Esteban Simoneta, uno de los delegados señaló que “la vacunación avanza entre los compañeros pero como parte del plan general y no de un régimen especial que nunca ejecutaron”, el dirigente, además, opinó que “el gobierno hizo esa resolución por la presión de las cámaras empresarias que querían volver a la normalidad. Tiraron por la borda todo un año de licencias y protocolos haciéndolo volver a trabajar con una sola vacuna y en el peor momento de la pandemia. La mujer de Santillán también tiene Covid19 y está internada”.