El 14 de enero se había conocido la Resolución 44 del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, comunicando el ascenso del submicosario Hernán David Martín a comisario del subescalafón Comando, que pasó a ocupar la Jefatura del Gabinete de Drogas de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Lanús-Avellaneda. Dos meses después, el 23 de marzo, el ministro Cristian Ritondo se felicitaba en Twitter por haber desbaratado una banda narco en Lanús. En la noche del viernes, Martín, de 42 años, murió mientras se tiroteaba con efectivos de la Policía Federal.
Según informó la fiscal María Soledad Garibaldi, una mujer denunció que había sido extorsionada por un grupo de policías bonaerenses, que le reclamaron 200 mil pesos para no iniciarle una causa por narcotráfico. Pagó una parte y pactó otro encuentro en la estación de servicio Shell de Acceso Sudeste y Madariaga, cerca del acceso al Parque Avellaneda Shopping. La fiscal ordenó entonces un operativo para detener a los extorsionadores in fraganti. Allí, a las 21 del viernes, la mujer –embarazada y, según trascendió, pareja de un ciudadano dominicano cuyo documento se habían quedado los bonaerenses– entregó el resto del dinero, en un paquete con billetes microfilmados y numerados, al capitán Eduardo Ángel Franicevich, también de la DDI Lanús. Al irrumpir en escena 12 efectivos de la Federal que simulaban tomar café o cargar nafta, el comisario Martín los enfrentó a tiros, hiriendo a dos policías y embistiendo con su Toyota en su huida a otro vehículo, antes de caer muerto.
Tres policías bonaerenses fueron detenidos en el lugar: Franicevich, el subcomisario Luis Edgardo Otero y el oficial subayudante Silvio Ricardo Vergara. Quedaron alojados en la UFI 4 de Avellaneda a la espera de ser indagados. Garibaldi, titular de esa fiscalía, ordenó allanar la DDI en busca de pruebas que permitan establecer el alcance de las actividades extorsivas de este grupo de oficiales, vinculadas a delitos de narcotráfico. También Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense abrió una investigación sobre el funcionamiento de esa Departamental. Por lo pronto, quedaron desafectados el comisario mayor José Hernández, jefe de la DDI Lanús-Avellaneda, y otros ocho policías de la misma dependencia. El encuentro pactado en un lugar público hace pensar a los investigadores que la extorsión a cambio de no abrir causas por drogas (o el «peaje» para liberar zonas para su venta) podría ser una práctica habitual.
De los dos efectivos de la Federal heridos durante la balacera, uno de ellos, el cabo primero Claudio De Carlo, recibió cuatro impactos de bala en cuello, abdomen y extremidades y, tras ser operado de urgencia en el Hospital Fiorito, fue trasladado al Churruca, donde permanecía internado en grave estado, según confió el jefe de la fuerza, Néstor Roncaglia. «Fue al mejor estilo Scarface, con tiros por todos lados, una locura total», describió Roncaglia el hecho del viernes.
En efecto, el enfrentamiento a tiros entre personal de dos fuerzas de seguridad y la muerte de un comisario acusado de extorsión se presenta como uno de los episodios más sórdidos de la historia policial reciente. En una defensa corporativa de las fuerzas a su cargo pero también del uniforme, la ministra Patricia Bullrich afirmó que se trata de «delincuentes pertenecientes a la Policía Bonaerense». Ritondo, su par bonaerense, hasta ayer en un «retiro espiritual» con la gobernadora María Eugenia Vidal, aún no se había pronunciado al cierre de esta edición. Sí se comunicó con Roncaglia: «Están todos muy acongojados, no lo podían creer», expresó el jefe de la Policía Federal para describir el estado de ánimo en Chapadmalal. «