El reclamo social suma masa crítica también en el Parlamento. Tal como adelantó Tiempo, los representantes de las organizaciones sociales y de la economía popular que en una movilización multitudinaria unieron San Cayetano con Plaza de Mayo expusieron este miércoles en el Congreso acerca de la necesidad de declarar la Emergencia Social e impulsar un Salario Social Complementario para dos millones y medio de trabajadores del sector. En ese contexto, senadores del FPV encabezados por el presidente del bloque Miguel Ángel Pichetto, junto a pares de otros bloques como GEN y Proyecto Sur apoyaron las demandas y confirmaron que trabajan en el borrador del proyecto de ley que, según supo Tiempo, se presentaría en dos semanas. También en el Salón Azul del Senado acompañaron diputados y diputadas nacionales y provinciales del bloque Peronismo para la Victoria-referenciados en el Movimiento Evita-, de Libres del Sur, de Proyecto Sur y varios del FPV, entre otros.
Durante la bienvenida, Pichetto agradeció especialmente a sus compañeros de bloque Juan Manuel Abal Medina y Teresita Luna -dos firmes impulsores del proyecto en el Senado- y manifestó su deseo para que se elabore «un marco de propuestas que el Congreso pueda traer para mejorar la vida de muchos trabajadores que están fuera de la estructura laboral formal». Recordó la reunión con representantes de las centrales obreras en el recinto, que culminó con la aprobación de la Ley Antidespidos, finalmente vetada por el gobierno nacional, y el cónclave con el sector de las universidades nacionales que, según Pichetto, «sirvió para corregir» inequidades hacia ellas y establecer un diálogo con el gobierno. «Hay un esquema de apertura de importaciones que afecta el empleo argentino, de manera que el empleo nacional es otro de los temas que vamos a tratar acá», adelantó.
Al momento de las exposiciones, arrancaron los representantes de las tres organizaciones que, unidas, visibilizaron en forma masiva al sector durante la «Caravana de la Dignidad» del 7 de agosto: CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa. «Desde diciembre y enero, empezó a hacerse visible que cada vez había más comedores… alertamos que la generación de trabajo está estancada. En Plaza de Mayo vimos ayer a miles de familias agolparse para recibir dos manzanas», ejemplificó el coordinador nacional de Barrios de Pie Daniel Menéndez.
«Con un enorme cinismo, desde el gobierno comparten el diagnóstico… lo que no tiene contrapartida es la construcción de un diagnóstico esperanzador. Es menester poder construir una agenda que dé esperanza y que se declare la Emergencia Social», reclamó. «Este gobierno tiene un problema: quiere llenar la copa, y que la copa derrame. El problema es que ni siquiera llena de agua la copa», señaló Amancay Ardura, coordinadora nacional de la CCyC.
«Se terminaron las changas en nuestros barrios, el servicio doméstico. Ya no pegamos ladrillos. Este gobierno también nos vetó la Ley Antidespidos. A Duhalde le dijimos, en el 2002: ‘dos millones de planes, Presidente’. Ahora no están haciendo mucho, por eso decimos, ley de Emergencia y Consejo de Crisis», reclamó. «Pedimos exactamente los mismo derechos, tanto para los trabajadores formales como para los trabajadores informales de la economía popular», definió Esteban «Gringo» Castro, secretario general de la CTEP.
«Necesitamos discutir el pliego de nuestras reivindicaciones, el Salario Social Complementario, formalizar el trabajo que cada uno tiene», señaló.
Luego, Soledad Almada, representante de Vía Campesina, graficó la situación de los pequeños productores:
«Es imposible seguir con la producción porque no podemos competir por ejemplo con porcinos que entran de Dinamarca, de Brasil. Se incrementa el costo para alimentos de los animales y el valor de la tierra», describió. «Necesitamos la Emergencia Social porque por cada puesto de trabajo formal que se pierde, se pierden más de tres del trabajo informal», consignó Gildo Onorato, dirigente de CTEP y secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita.
«Queremos el Comité de Crisis porque los compañeros se chocan con el fuero penal antes de recurrir al fuero laboral», señaló, entre otros puntos. «Si sale la ley, y la vetan, vamos a estar en la calle, para vetar la política de (el presidente) Macri, porque es una política que no tiene que ver con nuestra Nación, ni con nuestro Pueblo» advirtió Luciano Nardulli, del Movimiento Independiente de Jubilados. Jaqueline Flores (Federación de Recicladores), Elena Hanono (Partido del Trabajo y del Pueblo), José Oscari (Barrios de Pie), también expusieron. Además asistieron Emilio Pérsico (secretario general del Movimiento Evita), la ex ministra de Economía bonaerense Silvina Batakis y la dirigente social y ex diputada nacional Adela Segarra.
Apoyo legislativo
La nutrida asistencia de legisladores de las dos cámaras y también de provincia puso de relieve un respaldo que arrancó con el abrazo de Pichetto al diputado bonaerense del Evita Fernando «Chino» Navarro. Entre los senadores, asistieron Juan Manuel Abal Medina, Teresita Luna, Jaime Linares (GEN), Ruperto Godoy, José Mayans, Juan Manuel Irrazabal, Omar Perotti, Graciela de la Rosa, Alfredo Luenzo, Sigrid Kunath, Fernando «Pino» Solanas (Proyecto Sur).
Por el lado de los diputados nacionales, las presencias se multiplicaron aún más. Leonardo Grosso, Remo Carlotto, Lucila De Ponti, Araceli Ferreyra, Andrés Guzman – todos del bloque Peronismo para la Victoria, del Movimiento Evita -, Victoria Donda, Federico Masso y Graciela Cousinet (Libres del Sur), Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Daniela Castro, Jorge Barreto, Carolina Gaillard, Lautaro Gervesoni, Cristina Álvarez Rodríguez, Silvina Frana, Juan Manuel Pedrini, del FPV-PJ, además de la diputada provincial Patricia Cubría, también del Evita.
«Estamos en una situación muy grave, no importa de quién sea la culpa, nosotros tenemos que resolver los problemas de la gente y eso es lo que estamos tratando de hacer», subrayó Abal Medina. «Esperemos que con la Ley de Emergencia Social el gobierno no vuelva a cometer el mismo error», expresó. Se refería al veto del gobierno macrista, que volteó la Ley Antidespidos y que podría amenazar al proyecto en ciernes. Pero el gobierno nacional tiene del otro lado de la mesa de negociación a un sector de la sociedad que ya movilizó masivamente, con capacidad de cortar rutas y visibilizarse de diferentes maneras. Por ahora, permanece viable el camino legislativo.