El proyecto minero binacional (Chile – Argentina) Pascua Lama de la empresa Minera Nevada, filial de la canadiense Barrick Gold, fue clausurado en septiembre de este año. El fallo de la justicia chilena se complementa con una multa por los incumplimientos ambientales respecto al monitoreo de los glaciares y cursos de agua ya que la empresa utilizaba niveles más permisivos que los contemplados por la normativa. La clausura total y definitiva de la explotación sintetiza una serie de procesos que desde hace alrededor de veinte años se desarrollan en los conflictos socioambientales en torno a la megaminería metalífera a cielo abierto, tanto en Chile como en Argentina, y en otros países de la región.

Por un lado, afirma la importancia de la movilización de las comunidades para visibilizar las consecuencias de la megaminería y demostrar la insustentabilidad de la actividad frente a aquellos que abogan, sólo por mayores controles. Por otro, atestigua sobre la relevancia de acudir a mecanismos institucionales para frenar el avance de los megaproyectos mineros, aunque esto signifique sortear diversos artilugios que en conjunto activan, tanto el lobby minero como los gobiernos promotores de la actividad.

En Argentina, la clausura del megaproyecto binacional, así como los episodios de derrame ocurridos en varias explotaciones del país, el más grave en el año 2015, a pocos kilómetros de Pascua Lama en la provincia de San Juan, deberían reabrir interrogantes sobre los riesgos socioambientales asociados a la actividad.



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Sin embargo, estas evidencias parecen no influir en las decisiones de los funcionarios que solicitaron a la empresa su continuidad del lado argentino. Ni tampoco en el gobernador de la provincia de Chubut que, habiendo prometido en su campaña electoral no avalar el desarrollo de la megaminería, reafirmó en el marco de la primera Mesa Nacional del “Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino” (realizada a principios de noviembre), sus intenciones de habilitar la explotación minera en la provincia, principalmente en la meseta patagónica.

Chubut, una vez más movilizada

Frente a la avanzada minera, se expande la movilización social en la vasta geografía provincial. Desde octubre de 2020, se llevó adelante la Segunda Iniciativa Popular (IP) para apoyar un proyecto de Ley impulsado por la Unión de Asambleas Comunitarias del Chubut. En esta segunda Iniciativa, las y los asambleístas proponen un proyecto de ley que prohíbe, en todas sus etapas, la actividad minera metalífera a gran escala que utilice cualquier sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa, así como un uso indiscriminado del agua. También apelan a la Ley General del Ambiente, precisamente a los principios preventivo, precautorio y al principio de equidad intergeneracional.

Entre los actores movilizados se encuentra la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, institución que hace ya dos años, se expresó a través del Consejo Superior, rechazando el proyecto de zonificación minera propuesto concluyendo, entre otras cuestiones, que “no cuenta con el respaldo de un análisis exhaustivo de los aspectos sociales, económicos, ambientales y político-legales implicados. Del mismo modo, no considera el trabajo pasado, presente y proyectado por instituciones de reconocida trayectoria, como INTA, CONICET y UNPSJB, para el desarrollo de la región desde el fortalecimiento de actividades no extractivas, como las agrícolo-ganaderas o el turismo. Tampoco tiene en cuenta la cultura de los pobladores, su historia y sus expectativas.” (Resolución CS. N° 57/18).



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(Foto: Anibal Aguaisol)


En los últimos días las diferentes y masivas expresiones de rechazo a la zonificación minera en la provincia fueron acompañadas por multitudinarias marchas protagonizadas por la población de la provincia, y declaraciones de solidaridad de parte de diferentes actores sociales y asambleas socioambientales de todo el país. Por su parte, la comunidad académica y científica fue sumando informes y pronunciamientos públicos que cuestionan la decisión de disponer de la meseta para la actividad extractiva.

Resulta paradójico que, de un lado de la cordillera, por sus probados impactos socioambientales, el principal proyecto minero sea clausurado; mientras que, de este lado, se promueva habilitar la minería en territorios donde por Ley está prohibida y la actividad no cuenta con la licencia social de la población.

En el marco de una profunda crisis sociosanitaria, socioeconómica y socioecológica, sostenemos que la salida no es con mayor extractivismo. Por el contrario, la lectura de las consecuencias de megaproyectos como Pascua Lama brinda elementos contundentes para decidir el rumbo.

* Investigadoras y docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) e integrantes del Grupo de Estudios Críticos e Interdisciplinario sobre la Problemática Energética (GECIPE)