Después de que se conociera que una nena de 11 años quedó embarazada tras ser violada por un miembro de su familia, en Burruyacú, Tucumán, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) manifestó su preocupación por la vida y la salud de la menor. “Es sumamente preocupante que el caso haya tomado estado público y que no se haya garantizado a la niña el derecho a la intimidad negándole la posibilidad de decidir sin presiones de ningún tipo”, indicó Celia del Bono, coordinadora de Cladem Argentina.
Según Cladem, la vida de la niña y su familia fue expuesta de manera morbosa e innecesaria, revictimizándola, con el agravante de que cada día que pasa sin poder acceder a la interrupción legal del embarazo pone más en riesgo su salud física, psíquica y hasta su vida.
“Obligar a una niña que no ha terminado de crecer a llevar a término un embarazo, ser madre y criar a un bebé debe ser considerado tortura o trato cruel, inhumano y degradante, según los casos, en los términos de la Convención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, recordaron desde la organización.
En 2016, CLADEM presentó su investigación sobre el embarazo y maternidad infantil forzada en América Latina y el Caribe. En un balance realizado en catorce países de la región. El informe parte de la preocupación por la invisibilidad de esta problemática que se constituye en una forma de tortura y afecta gravemente a los derechos humanos de las niñas en la región.
En Argentina cada año más de 3000 niñas menores de 14 años son obligadas a parir. Por ello, desde Cladem exigieron al Estado Provincial que garantice la protección de los derechos a la vida y la salud de la niña y que no retrase ni obstaculice la ILE y la implementación del protocolo de atención en casos de embarazos infantiles, de aplicación obligatoria en toda la provincia, a fin de garantizar un efectivo cumplimiento de las leyes y tratados vigentes.
